A propósito de la aprobación de la Ley Minera y de sus alcances, Bolpress ha publicado la siguiente nota.
BOLPRESS
GARCÍA LINERA PROMULGA LA NUEVA LEY MINERA QUE
FOMENTA LA INICIATIVA PRIVADA Y DEJA PENDIENTE EL RÉGIMEN IMPOSITIVO
El Estado boliviano cederá yacimientos ricos a los cooperativistas
Oruro y La Paz (ABI).- El gobierno boliviano
promulgó la nueva Ley de Minería y Metalurgia que reconoce como actores mineros
al sector privado, estatal y cooperativista. El presidente en ejercicio Álvaro
García Linera anunció que “el Estado no va a ocupar toda la minería” y los
cooperativistas, que producían en áreas marginales, a partir de ahora accederán
a yacimientos importantes y ricos.
La nueva Ley de Minería y
Metalurgia consta de siete títulos: Disposiciones Generales, estructura del
sector minero estatal, derechos mineros y extinción, contratos mineros y
licencia de prospección y explotación, régimen de adecuaciones, consulta previa
en materia minera, régimen regulatorio minero; 31 capítulos distribuidos en 234
artículos, además de cuatro disposiciones transitorias, tres finales y tres
abrogatorias y derogatorias.
La Cámara
de Senadores sancionó el proyecto de Ley Minera con aproximadamente 70
artículos modificados. Entre las modificaciones más importantes está la
suscripción de contratos, que por Constitución pasan por la Asamblea
Legislativa Plurinacional. También fue modificado el artículo 151, referido a
Contratos de Cooperativas Mineras, que ahora establece que “las cooperativas
mineras no podrán suscribir contratos de asociación con empresas privadas sean
estas nacionales o extranjeras”.
También el
parágrafo II del mismo artículo establece: “en caso de avenirse a lo dispuesto
en el Artículo 306 y el Parágrafo III del Artículo 351 de la Constitución
Política del Estado, podrán constituir empresas mixtas con el Estado a través
de Corporación Minera de Bolivia (Comibol) a cuyo efecto, adecuarán su razón
social, sujetándose a la normativa que rige para las empresas mixtas”.
La norma
también dispone la adecuación de las ex concesiones mineras, hoy denominadas
ATEs, a contrato administrativo minero a suscribirse por la Autoridad
Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) en representación del Estado como
la entidad autárquica encargada de la otorgación, reconocimiento, renuncia,
modificación y extinción de derechos mineros, así como de los procedimientos
establecidos. Las atribuciones y competencias sobre el control y fiscalización
de las actividades mineras corresponden al Ministerio de Minería y Metalurgia
como institución pública del Órgano Ejecutivo.
La Ley de
Minería y Metalurgia autoriza la reversión de yacimientos mineros a favor del
Estado si después de dos años de acceder al área minera se verifica el
incumplimiento del plan de inversiones comprometido, informó el ministro de
Minería César Navarro. Con esa iniciativa se busca evitar la existencia de
concesiones mineras ociosas en el país y el irresponsable aprovechamiento de
personas que sólo poseen yacimientos para alquilarlos y no trabajarlos.
El
ministro Navarro explicó que la reversión de los yacimientos ociosos se
realizará mediante un estudio e informe elaborado por el Viceministerio de
Política Minera, que fiscalizará el cumplimiento de los planes de inversión,
cada dos años.
Por otro
lado, la autoridad señaló que cualquier actividad minera en inmediaciones de
ríos o cuencas deberá ser autorizada por la Autoridad Jurisdiccional de
Administración Minera (AJAM), que entrará en vigencia con la nueva Ley Minera y
Metalurgia.
Navarro
precisó que la autorización procederá luego de realizar un estudio
“multisectorial” y la presentación de un informe sobre las afectaciones a la
zona donde se pretende operar. “No puede haber contaminación del medio
ambiente, no puede haber actividad minera cerca de los ríos, si es que se
produce este hecho, tiene que haber un estudio e informe multisectorial que
autorice la actividad minera en las cuencas o en las faldas del río”, indicó.
Asimismo,
dijo que las operaciones mineras que requieran usar más agua de la que se tiene
en el yacimiento, la AJAM también deberá autorizar la utilización de nuevos
recursos hídricos, pero sin perjudicar a terceros ni a comunidades aledañas.
“No hay prohibición pero se está limitando y reglamentando la actividad
productiva. Queremos que la actividad productiva se desarrolle en el marco del
respeto a la naturaleza, y el respeto a otros actores”, subrayó.
El
presidente de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia
(Fencomin) Alejandro Santos afirmó que su sector aceptó las modificaciones
realizadas por la Asamblea Legislativa al proyecto de la Ley de Minera. En su
criterio, las modificaciones sólo fueron de forma y no de fondo.
El
dirigente de Fencomin aseguró que la norma, elaborada por más de tres años
entre los sectores involucrados, beneficiará a todos los bolivianos porque fue
redactada en base a la Constitución Política del Estado.
El
presidente en ejercicio Álvaro García Linera dijo que la ley tiene “olor” de
trabajador boliviano, después de tres años de tejer consensos entre los
representantes de los operadores de la minería chica, cooperativista, privada y
estatal.
Esta ley
“no está perfumada con olores extranjeros ni con lenguaje extranjero. Es la
primera Ley Minera en 190 años de existencia de nuestra república que la hacen
los trabajadores con su sudor, con su esfuerzo, con su pensamiento, con su
sacrificio y con su necesidades”, dijo García Linera en alusión a las normas
que los gobiernos neoliberales ordenaban redactar a consultores de Estados
Unidos.
García
Linera dijo que el sector cooperativista accederá a yacimientos importantes y
ricos, pero solicitó tecnificar la producción y no continuar sacando el mineral
a mano. “Siempre se veía al cooperativista como el que tenía que producir en
áreas marginales, en la sobras. Eso se ha acabado. El sistema cooperativista tiene
derecho de ocupar vetas importantes. Hoy son productores de primera categoría
en el ámbito minero”, dijo.
El
mandatario señaló que el gobierno seguirá ampliando las áreas mineras
estatales, pero en yacimientos muy ricos y con producción a gran escala. “Vamos
a ser muy selectivos, el Estado no va a ocupar toda la minería, no podemos. El
Estado va a seleccionar las mejores áreas mineras de Bolivia y ahí le vamos a
meter millones de dólares para producir mineral, para generar ganancias y
regalías”, recalcó.
García
Linera reiteró que la inversión extranjera es bienvenida a Bolivia, pero bajo
las condiciones impositivas, de responsabilidad social y medio ambiental que
establecen las normativas locales. Dijo que los impuestos para el sector minero
privado oscilan entre 55 y 63% de las ganancias, aunque aclaró que los cambios
en el régimen impositivo serán precisados en otra norma.
Con
respecto a la industrialización de la minería boliviana, García Linera puso
como plazo el año 2025 para que el país exporte solamente mineral con valor
agregado. Las exportaciones mineras de Bolivia ascendieron a 3.000 millones de
dólares en 2013, el segundo sector más importante de la economía después de los
hidrocarburos.
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