El problema que atraviesan
suboficiales y sargentos de las Fuerzas Armadas nacionales es un fiel reflejo
de la falta de horizonte hacia un proceso real de cambio que intente revertir resabios
heredados de colonialidad, así como se refleja en el siguiente artículo
publicado por BOLPRESS.
BOLPRESS:
DIRIGENCIA DE LLUNK’US APOYA AL GOBIERNO Y A LA
JERARQUÍA CASTRENSE SIN CONSULTAR A SUS BASES
Crisis militar y colonialidad
Raúl Prada Alcoreza
En la Asamblea Constituyente no se tocó el régimen
de las Fuerzas Armadas y de la Policía, se mantuvo tal cual la anterior
Constitución, por orden del Presidente. La demanda de los suboficiales es
legítima interpretando la integralidad de la Constitución. No puede avanzarse
en la construcción del Estado Plurinacional comunitario y autonómico sino se
efectúan transformaciones estructurales e institucionales, fundamentalmente en
aquellas instituciones que son los lugares de emergencia, es decir, de defensa,
del viejo Estado, que no desaparece, más bien, se lo restaura.
Las
Fuerzas Armadas y la Policía siguen siendo las mismas instituciones, fiel
derivación de las centralidades y burocracias del Estado-Nación. Ni siquiera se
dieron transformaciones que tienen que ver con la defensa del “proceso de
cambio”; el mismo cuoteo político, la misma obediencia y subordinación
disciplinaria de los ejércitos del siglo XIX y XX. En el continente,
particularmente en Bolivia, las mismas discriminaciones institucionalizadas. Lo
grave es que nadie se sorprenda de estas conductas continuistas y perseverantes
en los códigos coloniales de estas instituciones; desde el presidente hasta los
oficiales de alto rango, pasando por el vicepresidente. Todos toman como algo
natural la estructura colonial, discriminadora, burocrática, e ineficaz
militarmente. Todos ocultan estas graves falencias con seminarios, talleres y
foros sobre la descolonización. ¿Cómo se puede entender estas contradicciones
evidentes?
Los oficiales de alto rango, los gobernantes, los funcionarios y
políticos oficialistas, creen que es suficiente con estas ceremonias, estas
reuniones, estos seminarios, sobre descolonización. Es como un culto; repetir
de memoria frases y consignas que se pretenden descolonizadoras; incluso las
mesas que pueden haber puesto en consideración requeridas transformaciones, por
más mínimas que sean, son escamoteadas a la hora de las conclusiones o de las
memorias. El discurso descolonizador en el gobierno es un canto a la bandera;
en la práctica, perduran habitus discriminadores, raciales,
patriarcales, acompañados por violencias conocidas, desatadas por los mandos
sobre los soldados, suboficiales y hasta oficiales. Ahora también sobre la
mujeres, las que no dejan de sufrir vejámenes de parte de sus camaradas.
Los medios de comunicación al comentar las marchas de los
oficiales ponen adjetivos como insólito, increíble, desacostumbrado, para
intentar describir y comprender lo que pasa. Para estos medios también es
normal que en las instituciones de defensa y del orden se mantenga la
disciplina heredada, acompañada por jerarquías y estratificaciones. Si bien no
apoyan la demanda de los suboficiales, los medios hablan de violencias
orgánicas. De todas maneras, sorprende que no se ponga en mesa la gran
diferencia, la gran distancia, de estas arquitecturas armadas y de estos
dispositivos de defensa y del orden, con las transformaciones estructurales e
institucionales que establece la Constitución. Cuando los suboficiales dicen
que no puede haber oficiales de primera y oficiales de segunda, ponen en el
tapete no sólo el problema de las jerarquías heredadas, no sólo, algo que es
importante, la estructura racial y las relaciones raciales inherentes a estas
instituciones, sino también la misma organización de un ejército, una armada,
una policía, que mantienen formas burocráticas, que en el mundo contemporáneo
no son, de ninguna manera efectivas, ni en la movilización y desempeño militar,
ni en el cuidado de las ciudades.
Este gobierno se ha pasado de lado sobre cuestiones
estratégicas, de defensa, incluso de orden, orden dinámico, por cierto. Se
trata de un gobierno apegado a la demagogia, creyendo que con esta locución se
solucionan los problemas. La verdad es que estamos ante un gobierno que no
cuenta con una estrategia de defensa del “proceso de cambio”, por lo tanto del
país donde debería darse este “proceso”. Estamos ante instituciones armadas y
del orden donde los oficiales se contentan con recibir su sueldo cada mes y
contar con los beneficios que le otorga la institución. Son otros funcionarios
más. La preparación militar queda en generalidades geográficas, en una
distribución espacial de cuarteles, que deja vacíos, en las fronteras; más
preocupados por controlar las ciudades, los centros del conflicto, incluso a
los contrincantes policías. El servicio militar, fuera de seis meses de cierta
preparación en armas, terminan el resto del tiempo en “chocolateadas”.
La formación de oficiales deja mucho que desear, en cuanto a la
actualización de contenidos, tecnologías, información. Están muy lejos de haber
estudiado seriamente las guerras, la experiencia en las guerras de los
ejércitos, incluso las guerras que están cercanas, las que nos ha tocado
sufrir. Si esta es la formación de los oficiales, qué se puede esperar de la
formación de suboficiales. En el Colegio Militar se han introducido materias
universitarias, como si esto mejorara la formación. La formación de un militar,
mucho más si se trata de un militar de un Estado en transición, embarcado
supuestamente en un “proceso de cambio”, no puede ser un colaje de materias. Es
indispensable tener en cuenta los perfiles apropiados de un ejército que
debería contar con la capacidad de la movilización general de un pueblo armado,
para la defensa de un “proceso”. Estos temas pasan desapercibidos. No se van a
resolver con cambios de símbolos, con nuevos saludos, con nuevos estribillos,
con discursos superficiales sobre la descolonización. El servicio militar de la
cual se sienten tan orgullosos los militantes de base del MAS no es más que un
dispositivo colonial, un dispositivo de articulación estatal, de
estatalización, es decir, de institución imaginaria de la nación, aunque el
mismo servicio pueda servir para el juego de prestigio en las comunidades.
La descolonización es el desmontaje de los aparatos del
Estado-nación, de su arquitectura institucional, de sus códigos coloniales, así
como de sus códigos pretendidamente modernos. La descolonización implica la
des-constitución de sujetos subalternos y la constitución de sujetos
emancipados. La descolonización es liberar potencialidades, capacidades,
creatividades, memorias sociales. Estas tareas no son atendibles
demagógicamente, requieren subversiones de las praxis, desmontaje de habitus, de jerarquías instituidas; requieren
destrabarse de las mallas institucionales que capturan y atrapan cuerpos. Los
recorridos de la descolonización comienzan por tomar en serio la condición
intercultural, retoman prácticas participativas, profundizan el ejercicio de la
democracia en su sentido pluralista. En lo que compete a las transformaciones
pluralistas, comunitarias, interculturales, que atañen a las necesarias
mutaciones de las instituciones de defensa y del orden en cuestión, es
indispensable su territorialización, las gestiones territoriales de defensa y
de cuidado de la población.
La asonada de los suboficiales es una buena oportunidad para
leer los signos de la crisis, no solamente del “proceso de cambio”, sino
también del Estado. Es un buen momento para aprender, analizar sin tapujos,
evaluar críticamente el “proceso” que naufraga. Así como es una gran
oportunidad para efectuar cambios. Sin embargo, es de más probable que el
gobierno actué como siempre, como lo ha hecho en distintas crisis, la de los
cooperativistas y mineros, la relativa a las de la demanda de autonomías
regionales, como las dadas en Potosí, como las del “gasolinazo” y el conflicto
del TIPNIS. Es de esperar que el gobierno recurra a la justificación de lo que
hay, volviendo a cubrirse con su ilusoria propaganda, cerrando los ojos y los
oídos a lo que ocurre, optando por la represión. El gobierno habría perdido la
oportunidad de reconducir, de retomar cursos abandonados, desde la primera
gestión, encaminándose a un hundimiento, lento o más rápido, dependiendo de las
circunstancias.
Estado-nación versus Estado
plurinacional
¿Qué es lo que está en juego en la asonada de los suboficiales y
en la respuesta represiva del gobierno? Como en otros casos, como en el
conflicto del TPIPNIS, lo que se enfrentan es el Estado-nación y el Estado
plurinacional; aunque el primero es la institucionalidad de la colonialidad que
se niega a desaparecer, aferrándose con todo, para persistir y continuar; en
tanto que el segundo, es apenas un germen, un proyecto, que anida en la Constitución
y en los colectivos sociales que luchan por que se den las transformaciones
estructurales e institucionales establecidas en la carta magna. En el TIPNIS el
Estado-nación declaró la guerra al Estado plurinacional, al germen del Estado
plurinacional, declarando también la guerra al proyecto constitucional. ¿A qué
se opone el Estado-nación? A la descolonización.
El Estado-nación, dispositivo político de la colonialidad, se
opone a la descolonización, pues esta deconstrucción implica la desaparición
del Estado-nación. Las bases del Estado-nación radican precisamente en la
homogeneización, en el equivalente general del ciudadano, individuo abstracto,
que cuenta con derechos individuales, civiles y políticos; sin embargo, esta
equivalencia general hace desaparecer a las naciones y pueblos indígenas, a las
culturas resistentes, a la heterogeneidad lingüística y social. El equivalente
general, el ciudadano, se estructura en la economía política colonial, economía
política que diferencia hombre negro de hombre blanco, hombre indio de hombre
blanco, hombre de color de hombre blanco, diferencia efectuada sobre la matriz
de género, la diferenciación hombre de mujer. La dominación colonial es
también, al mismo tiempo, dominación patriarcal. El equivalente general, el individuo
abstracto, el ciudadano universal, es pues el hombre blanco. La modernización
consiste en parecerse a este arquetipo colonial.
Los derechos conquistados en la historia del Estado-nación,
derechos sociales, derechos de trabajo, derechos democráticos, no terminan de
efectuarse, pues se pronuncian en el espacio indeterminado del equivalente
general, el individuo, el ciudadano; no se dan en los espesores abigarrados,
plurales, heterogéneos, de las territorialidades sociales y formaciones
sociales concretas. La herencia colonial se transfiere de las administraciones
coloniales a los Estado-nación, después de las independencias. Hablamos de
estados que se construyen sobre cementerios indígenas. Hablamos de estados que
tienen como proyecto democrático la mestización; es decir, la desaparición de
los pueblos indígenas, y aunque parezca paradójico, la desaparición de las
mezclas dinámicas dadas, pues el mestizaje de los Estado-nación es un mestizaje
abstracto, el perfil del individuo y ciudadano concebido como síntesis de las
culturas, culturas también sometidas a la estatalización, sintetizadas en la
cultura moderna.
La Constitución interpela la composición colonial del
Estado-nación, cuestiona el mito de la modernidad, cuestiona el mito del
mestizaje abstracto, develando la composición plural efectiva de las
formaciones sociales, de la sociedad heterogénea. La Constitución deja en claro
que la profundización democrática, la realización efectiva de los derechos
democráticos, sólo pueden materializarse mediante la descolonización. Esta
deconstrucción histórico-política emancipa la pluralidad frente a la
representación homogénea, liberal la potencia social, la riqueza heterogénea de
lo diverso. La descolonización restituyen los derechos conculcados de las
naciones y pueblos colonizados, dando lugar a integraciones efectivas, opuestas
a la institución imaginaria de la nación, haciendo evidente las naciones
posibles. El Estado-plurinacional es la transición descolonizadora hacia
sociedades autogestionarias y auto- determinantes; a sociedades compuestas e
incrementadas, que se integran a través de complementariedades y solidaridades.
En Bolivia el Estado plurinacional se constituye sobre las matrices culturales
y civilizatorias de las naciones y pueblos componentes de la sociedad
heterogénea, incluyendo los mestizajes concretos. Esto equivale a pasar de la
institucionalidad homogénea, disciplinaria, disciplinaria, moderna, al
pluralismo institucional, abierto a composiciones creativas; pasar al
pluralismo jurídico, pluralismo administrativo, pluralismo de gestiones.
Uno de los lugares neurálgicos de la activación de la condición
plurinacional del Estado en transición es la institución defensa del
Estado-nación, las Fuerzas Armadas. Esta institución de emergencia del Estado
es el crisol del diagrama disciplinario, de la inscripción en los cuerpos de la
docilización de las conductas y comportamientos. En Bolivia, como en los países
andinos y amazónicos, es el aparato disciplinario por excelencia de la
colonización interna, modulando los cuerpos su incorporación al Estado en
condiciones de ciudadanos de la nación mestiza. El cuartel modula los cuerpos
haciéndolos aptos a los requerimientos del mercado, de la producción
capitalista, a los fetiches de la modernidad universal, de-culturizando,
decodificando, por lo tanto, borrando la memoria larga de los pueblos,
sustituyéndola por la memoria corta de la institución imaginaria del
Estado-nación.
Sin embargo, a pesar del proyecto disciplinario del cuartel, los
espesores corporales no desaparecen, se ocultan, se los destierra a las
sombras; mostrando, en contraste, los perfiles modulados, uniformados,
pretendidamente modernos. El ejercicio de poder disciplinario se tropieza con
la manifestación de los cuerpos; cuando esto ocurre, se opta por la ejecución
de discriminaciones, por la estratificación racial institucionalizada, por
jerarquizaciones patriarcales. La asonada de los suboficiales pone en evidencia
estos procedimientos coloniales en el dispositivo por excelencia disciplinario,
el cuartel. Acudiendo el pliego petitorio de los suboficiales, en realidad, el
pedido explicito es modesto; que no haya oficiales de primera y de segunda, que
se los considere oficiales técnicos, que puedan acceder a equivalentes
beneficios y servicios. Sin embargo, incluso ante esta demanda modesta el
gobierno y la jerarquía institucional de las Fuerzas Armadas han reaccionado
represivamente, dando de baja a más de setecientos suboficiales.
De todas maneras, a pesar de la demanda modesta explícita, la
misma pone en evidencia la crisis profunda de las Fuerzas Armadas y del
Estado-nación, que se niega a desaparecer. Las fuerzas armadas son un
dispositivo de la colonialidad reiterativa. Es un aparato de la colonización
interna, que no solamente modula los cuerpos, sino también, marca, hendiendo en
ellos la historia política colonial, inscribiendo en ellos discriminaciones,
violencias minuciosas, detalladas, raciales. ¿Cómo se puede construir un Estado
plurinacional a partir de la permanencia de la malla institucionalidad de la
colonialidad?
Nuevamente estamos ante la manifestación elocuente de las
contradicciones profundas del llamado “proceso de cambio”, ante los contrastes
evidenciados entre el discurso gubernamental y las prácticas efectivas, ante
grotescas simulaciones de un gobierno y los órganos de poder del Estado, que se
nombran como plurinacionales, en tanto que en la práctica niegan la condición
plurinacional de la formación social.
La respuesta oficial del gobierno es recurrir a la Ley de las
Fuerzas Armadas cuestionada, puesta en duda, deslegitimada por la Constitución.
La medida represiva gubernamental de las centenas de bajas de suboficiales se
sostiene sobre la argumentación de la subordinación y la obediencia
disciplinaria, cláusulas que corresponden a la institución armada del
Estado-nación. Este discurso se invalida inmediatamente ante la estructura
normativa y conceptual de la Constitución. En todo caso, los suboficiales
hablan desde el proyecto de una nueva institucionalidad, aquella que establece
la Constitución. Las bajas dadas por la jerarquía del ejército y por el
gobierno no son legítimas desde la composición jurídico-política de la
Constitución. La demanda de los suboficiales es legítima.
Dirigencia de llunk’us
La dirigencia de lo que un día fue el Pacto de Unidad, es decir,
las tres organizaciones campesinas y las dos organizaciones indígenas
originarias, estas últimas divididas por la intervención gubernamental, se ha
apresurado, sin consultar a sus bases, sin previas asambleas, simplemente por
comedida, a apoyar al gobierno y a la jerarquía castrense en la crisis militar,
puesta en evidencia por la asonada de los suboficiales. Los argumentos son de
libreto: defensa del “proceso” contra el golpe militar en ciernes. Se nota en
esta alocución no solamente una repetida mecánica discursiva, pronunciada con
falta de ingenio, pues no se les ocurre otra cosa que acusar de sedición, sino
también la asombrosa desconexión con lo que ocurre. Incluso si quisieran
defender al gobierno en su diletantismo, en su regresivo comportamiento, se
debe tener, de alguna manera, una conexión con lo que acaece. Empero, parece
que la dirigencia cooptada, que ya no responde a las bases sino a las
instrucciones del ejecutivo, levita en las nubes de la propaganda, cumpliendo
un papel patético de subordinación y llunk’iriu.
Esta dirigencia cooptada habla de defender la Constitución. ¿Qué
clase de defensa es esa? La constitución establece como sistema de gobierno la
democracia participativa, el ejercicio plural de la democracia, directa,
comunitaria y representativa. La constitución establece la construcción
colectiva de la ley, de la decisión política y de la gestión pública. Lo que
piden los suboficiales es que mínimamente, aunque sea por aproximación, se den
pasos hacia este cumplimiento y mandato constitucional. La reacción del
gobierno, de la jerarquía militar y del Estado-nación es represiva, se ha dado
de baja a más de setecientos suboficiales. ¿Esta es una defensa de la Constitución?
¿La dirigencia sabe de lo que habla, ha leído la Constitución, la ha entendido?
El Estado plurinacional supone la muerte del Estado-nación, las
transformaciones pluralistas, comunitarias, interculturales y participativas;
implica el pluralismo institucional, administrativo, normativo y de gestiones.
En lo que respecta a las Fuerzas Armadas, la transformación plurinacional,
intercultural y comunitaria configura un ejército popular, cuya matriz es el
pueblo armado. Ciertamente en este ejército popular desaparecen las jerarquías
y estratificaciones raciales. No comprender esto es hablar de la Constitución
sin ton ni son, en la práctica aniquilar el nacimiento de la mariposa, la
construcción del Estado plurinacional. Esta dirigencia es la expresión más
patética de la colonialidad cristalizada en los huesos. Su sumisión al poder,
su apego y obediencia a la institucionalidad colonial vigente en el
Estado-nación restaurado, su inclinación por el beneficio personal, su
corrosión moral y prácticas prebendales, comprometida por corrupciones, desvío
de fondos, hablan elocuentemente de la reiteración del comportamiento colonial
del colonizado; el deseo del amo, de ocupar su lugar. Esta dirigencia es el
brazo social de un gobierno entrabado en su crisis, un gobierno que recurre a
la represión en su desesperación; que recurre a la demagogia buscando
convencer, pero solo lo hace con los convencidos. Esta dirigencia, en plena
crisis de representación, pues no responde a la representación orgánica,
conformada por una democracia comunitaria, por la selección consensuada y en
asambleas, sino al dedo digitado desde el gobierno, es la que se lanza contra
la rebelión de los suboficiales. Es la misma dirigencia que se estrelló contra
las comunidades indígenas del TIPNIS, es la misma dirigencia que avaló las
leyes inconstitucionales promulgadas por el gobierno; seguramente también va
avalar la Ley Minera, que ha sido declarada por el propio presidente como una
traición a la patria, aunque después el mismo presidente reculó, dejando que
sólo se discuta el artículo 151 y otros más, cuando toda la Ley vulnera la
Constitución y atenta contra la propiedad de los recursos naturales de los y
las bolivianas.
¿Qué valor tiene lo que dice esta dirigencia? Sólo el valor de
toda amenaza, blandiendo el chicote contra toda crítica al gobierno y a los que
han usurpado el “proceso de cambio”. El contenido de lo que expresan no puede
ser más colonial. Su apego a la institucionalidad colonial es manifiesto.
Tendrían que mover camiones de gente, pagados por el gobierno, de una manera no
orgánica, pues saltarían toda la estructura orgánica de las organizaciones
sociales; traerlos a la sede de gobierno y enfrentarlos a los hermanos
suboficiales y sus esposas. ¿Qué sentido tiene esta amenaza? Es de todo
reaccionaria; se coloca del lado de los que se oponen a la descolonización, a
las transformaciones estructurales e institucionales. La dirigencia es parte
del contra-proceso y de la vulneración sistemática a la Constitución.
Ante este panorama lamentable de las representaciones sociales,
es indispensable exigir congresos orgánicos, abrir el debate y la evaluación
del “proceso” en las comunidades, en las subcentrales, en las centrales, en las
federaciones y en las confederaciones. Esta dirigencia es un peligro para la
“defensa del proceso”; corroe la fuerza social, la cohesión de las
organizaciones, evita la formación y el aprendizaje colectivo de la experiencia
del periodo y de las coyunturas, desarma de la crítica a las comunidades y a
los sindicatos. En el momento de exigencias, de peligro, las fuerzas sociales
estarán tan carcomidas que no habrá oportunidad de defender lo que queda del
“proceso”.
Los y las llun’kus se esfuerzan por mostrarse tan
serviles y obedientes, creen que con esto, con decir que defienden el
“proceso”, lo hacen, cuando ocasionan todo lo contrario. Son las termitas que
se comen la madera con la que hay que construir el Estado plurinacional
comunitario y autonómico. Usando el viejo lenguaje de la política, que se
define identificando al enemigo,
podemos decir, como metáfora, que esta dirigencia, sumada al llunk’iriu de los funcionarios y militantes, de
los asambleístas legislativos, es elenemigo dentro de casa. Son los sepultureros
internos del “proceso de cambio”.
FUENTE:http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2014042701
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