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Las distintas acciones de la mayoría de los potosinos, en diferentes lugares del país, buscan la atención de los 26 puntos de un pliego de peticiones, agitados especialmente por el Comité Cívico Potosinista (COMCIPO)… Se trata de un nuevo alzamiento de los hijos de aquella región, que ha dado tanto a Bolivia y a Europa, a costa del saqueo de sus riquezas naturales no renovables.
Además, el atraso que patentiza ese accionar de los potosinos es una consecuencia de lo que ahora se denomina “extrativismo”: desde siempre, explotación de los recursos naturales y venta de éstos en el mercado internacional sin transformación alguna, en un intercambio no equivalente, es decir, que Potosí y Bolivia venden a precios bajos las materias primas (sin valor agregado) y compran a precios altos, incluso esas materias primas que retornan transformadas a nuestro país. Este último aspecto es otro de los elementos que explican el atraso y la dependencia de un modo de producción que sigue tan capitalista como hace décadas.
Los potosinos que residen en La Paz resumen esa demanda, que también es suya, así: salud, educación y trabajo.
A propósito de la salud, el médico responsable de pediatría del principal hospital de carácter público (Bracamonte) de la capital potosina, hace algún tiempo dijo que él iba a sugerir que se suspenda, temporalmente, la atención a los neonatos (niños recién nacidos y con dolencias) porque morían como promedio seis de ellos debido a que ese sanatorio no disponía de incubadoras ni de otros medios para atenderlos y en curarlos.
Por supuesto que la demanda es de una educación de calidad, gratuita de verdad y para todos. Especialmente en el agro potosino este servicio carece de esas cualidades. Y en la capital de ese departamento la educación está lejos de ser un servicio no sólo de acuerdo a las demandas de los hijos suyos, sino según las necesidades del país.
La desocupación azota a los potosinos de tal forma que los emigrantes sobre todo hacia la Argentina, Brasil, Chile y España, entre otros países de la región o de Europa, son tantos que quizá el millón de potosinos que dicen que están fuera de ese departamento, sea apenas una estimación la que, no obstante, explica que los que salen de allí lo hacen tras de mejores condiciones de vida y de trabajo. Emigrantes potosinos se encuentran, también, en diferentes lugares de Bolivia.
En esta nota, a manera de ilustración, comentamos tres de los puntos de las peticiones potosinas referidos a la industrialización que se exige para ese girón patrio:
La rehabilitación y reactivación de la planta procesadora de Karachipampa (situada a kilómetros de la capital potosina), a pesar de sus más de 40 años de haberse instalado, nunca funcionó. Según expertos —datos que conocen los dirigentes cívicos movilizados en La Paz— los costos que demanda y demande la rehabilitación y reactivación de la fundidora de complejos de plomo-plata son y serán muy altos, contaminantes y, quizá lo más grave, a corto y mediano plazo, no contaría con la carga suficiente para procesar los minerales, de modo que resulten rentables las operaciones ya comprometidas hace más de cuatro años por los gobernantes y, especialmente, por el presidente Morales. A pesar de los esfuerzos destinados a conseguir el funcionamiento de la planta de Kachipampa, ésta sigue en una especie de “terapia intensiva” porque, entre otros factores a tomarse en cuenta, la fábrica de esos equipos, originalmente alemanes, fue cerrada lo que, de paso, dice mucho de la vejez de esos equipos.
La fábrica de cemento, a instalarse en la frontera en disputa lamentable entre potosinos y orureños, como otras ofertas electorales, no hay miras de que se la instale. Más aún: a los orureños, el presidente Morales también les prometió otra fábrica de cemento durante una de sus campañas electorales. Concretamente, la fábrica de cemento en tierra potosina está en duda. El cuadro es más preocupante porque los orureños, se consideran con similares derechos para exigir que la fábrica de cemento que se les prometió sea una realidad, sin más postergaciones. El presidente Morales busca contentar con promesas a los pobladores de los departamentos de Potosí y Oruro con fábricas de cemento para el uno y el otro.
Hace más de cinco años hizo algo similar respecto de Caranavi y Alto Beni: a los pobladores de estas dos localidades les prometieron plantas procesadores de cítricos; sin embargo, ni la una ni la otra funciona. No debemos olvidar que esas dos ciudades intermedias carecen de las frutas suficientes para su procesamiento, no hay el agua en los caudales requeridos y no se tienen los equipos para ambas plantas. No obstante, se sabe que en Caranavi se cuenta con los equipos —que fueron trasladados desde El Torno (Santa Cruz), sitio en el que debieron montarse— pero siguen paralizados.
Los dirigentes cívicos de Potosí afirman que a Potosí debe beneficiar la mitad de la futura renta por la explotación de litio del Salar de Uyuni y su procesamiento (litio metálico y baterías). Esos líderes aseguran que los gobernantes actuales programan sólo el 3% de esa renta, por verse, para Potosí, lo que consideran inaceptable. Ese es otro nudo gordiano de la demanda de los potosinos.
Ante la demanda potosina los gobernantes ensayan maniobras: que hablen los ministros, el Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia del país, que con el presidente Morales debieron conversar en Uyuni. Obispos católicos —alentados por la visita del Papa a Bolivia— demandan diálogo, sugerencia que hizo también la Presidenta de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos. Aunque aquellos pastores y ésta hablan de que las partes deben deponer intransigencias, ojalá aporten a la solución del conflicto: Incluso hablan de pacificar a Potosí y al país. Nosotros creemos que esa pacificación debe conseguirse con soluciones que atiendan, básicamente, la demanda del pueblo potosino.
El Vicepresidente, en ejercicio de la Presidencia de Bolivia, creemos, ha caído en el ridículo al decir que ha sido discriminado por dirigentes cívicos potosinos porque éstos se negaron a conversar con él y la mayoría de alcaldes masistas de aquel departamento. A los dirigentes de COMIPO, el segundo funcionario público, además, los culpa de “utilizar métodos de la derecha”. Nosotros recordamos que dirigentes de la derecha y que son parlamentarios sostienen una huelga de hambre en apoyo a los alzados de la “rica tierra”.
Los inquilinos del Palacio Quemado les ahorrarían, a los potosinos, un accionar sostenido desde hace más de dos semanas si el Presidente conversa con los delegados de los movilizados. Diálogo que sería un punto de partida a la salida del conflicto. Pero Juan Evo Morales Ayma quiere, siempre, aplausos en vez de media silbatina y se niega a conversar, al menos con una parte de sus electores.
Un apunte es ineludible: la lucha reivindicativa de los potosinos se transforma en acción política y ese no debiera negarse, así como política y de la dura es la respuesta gubernamental. Lo que importa y mucho es que ese accionar político de los potosinos será en beneficio de los más postergados, en primer lugar.
Leamos ahora lo dicho por Álvaro Marcelo García Linera:
“Los dirigentes de COMCIPO son soberbios y la soberbia es el octavo pecado capital. Debo expresar —añadió— mi tristeza por ser maltratado y discriminado por un presidente de un comité cívico que no quiere estar presente aquí”, en el Palacio de Gobierno, para que esos líderes cívicos hablen, además, con los alcances masistas, reiteramos.
¿Cree García Linera en el octavo pecado capital? Esa es una postura inapropiada de alguien al que sus parciales le reconocen gajes académicos, que seguro los tiene, pero que los mal utiliza.
Ese funcionario, asimismo, se siente maltratado y discriminado —¡pobrecito! dirán los zalameros— lo que si fuera cierto, nos parece que lo merece. Pero hay algo en los dirigentes cívicos que a nosotros nos conmueve: creen que el Presidente boliviano atenderá sus demandas. Y, nosotros agregamos que, mientras no veamos que se ejecuten acuerdos de los movilizados en La Paz y el Presidente, seguiremos con duda “razonables”.
Algo acusatorio, asimismo, ha dicho el Vice… Citamos a éste:
“Nosotros no somos los que prendemos fuego a las casas, no a la Federación de Campesinos; no amedrentamos a los diputados. Estos son métodos de la derecha”.
Lamentamos y hasta condenamos esos hechos. Sin embargo, sospechamos que infiltrados del gobierno ejecuten o alienten esas acciones, como que una infiltrada del gobierno fue descubierta entre los potosinos movilizados en la sede de gobierno. Además, esa práctica es uno de los recursos de los actuales gobernantes: a la VIII marcha de los indígenas en defensa del TIPNIS aquéllos metieron agentes suyos.
Postulamos que en la lucha del pueblo no debe cobrar espacio la derecha y a ésta no se la debe tomar en cuenta para ninguna alianza con los explotados y los oprimidos, con los excluidos. Las alianzas con la derecha, con la poderosa derecha, se la debemos dejar a los gobernantes, como lo han hecho hace poco con los empresarios de la Cámara Agropecuaria del Oriente, por la que a ciertos masistas se les ha enrojecido la cara.
Para nosotros, en movilizaciones como la de los potosinos, además de buscar la atención de las legítimas demandas, se deben sentar bases de la nueva unidad del pueblo boliviano: democrática, popular, plurinacional, antiimperialista y revolucionaria.
También tenemos que felicitarnos porque los potosinos se convencen otra vez que el Cerro Rico, durante siglos, ha sido y es saqueado (esquilmado diría el Papa Francisco) y que tomen de lo dicho en La Paz por el máximo ejecutivo de la empresa japonesa Sumitomo que explota minerales en San Cristóbal: para mi empresa en Bolivia todo es ganar, ganar y ganar; la que consume agua en un día, cantidad de ese líquido elemento que gastan los alteños en un mes.
Fuente:
Además, el atraso que patentiza ese accionar de los potosinos es una consecuencia de lo que ahora se denomina “extrativismo”: desde siempre, explotación de los recursos naturales y venta de éstos en el mercado internacional sin transformación alguna, en un intercambio no equivalente, es decir, que Potosí y Bolivia venden a precios bajos las materias primas (sin valor agregado) y compran a precios altos, incluso esas materias primas que retornan transformadas a nuestro país. Este último aspecto es otro de los elementos que explican el atraso y la dependencia de un modo de producción que sigue tan capitalista como hace décadas.
Los potosinos que residen en La Paz resumen esa demanda, que también es suya, así: salud, educación y trabajo.
A propósito de la salud, el médico responsable de pediatría del principal hospital de carácter público (Bracamonte) de la capital potosina, hace algún tiempo dijo que él iba a sugerir que se suspenda, temporalmente, la atención a los neonatos (niños recién nacidos y con dolencias) porque morían como promedio seis de ellos debido a que ese sanatorio no disponía de incubadoras ni de otros medios para atenderlos y en curarlos.
Por supuesto que la demanda es de una educación de calidad, gratuita de verdad y para todos. Especialmente en el agro potosino este servicio carece de esas cualidades. Y en la capital de ese departamento la educación está lejos de ser un servicio no sólo de acuerdo a las demandas de los hijos suyos, sino según las necesidades del país.
La desocupación azota a los potosinos de tal forma que los emigrantes sobre todo hacia la Argentina, Brasil, Chile y España, entre otros países de la región o de Europa, son tantos que quizá el millón de potosinos que dicen que están fuera de ese departamento, sea apenas una estimación la que, no obstante, explica que los que salen de allí lo hacen tras de mejores condiciones de vida y de trabajo. Emigrantes potosinos se encuentran, también, en diferentes lugares de Bolivia.
En esta nota, a manera de ilustración, comentamos tres de los puntos de las peticiones potosinas referidos a la industrialización que se exige para ese girón patrio:
La rehabilitación y reactivación de la planta procesadora de Karachipampa (situada a kilómetros de la capital potosina), a pesar de sus más de 40 años de haberse instalado, nunca funcionó. Según expertos —datos que conocen los dirigentes cívicos movilizados en La Paz— los costos que demanda y demande la rehabilitación y reactivación de la fundidora de complejos de plomo-plata son y serán muy altos, contaminantes y, quizá lo más grave, a corto y mediano plazo, no contaría con la carga suficiente para procesar los minerales, de modo que resulten rentables las operaciones ya comprometidas hace más de cuatro años por los gobernantes y, especialmente, por el presidente Morales. A pesar de los esfuerzos destinados a conseguir el funcionamiento de la planta de Kachipampa, ésta sigue en una especie de “terapia intensiva” porque, entre otros factores a tomarse en cuenta, la fábrica de esos equipos, originalmente alemanes, fue cerrada lo que, de paso, dice mucho de la vejez de esos equipos.
La fábrica de cemento, a instalarse en la frontera en disputa lamentable entre potosinos y orureños, como otras ofertas electorales, no hay miras de que se la instale. Más aún: a los orureños, el presidente Morales también les prometió otra fábrica de cemento durante una de sus campañas electorales. Concretamente, la fábrica de cemento en tierra potosina está en duda. El cuadro es más preocupante porque los orureños, se consideran con similares derechos para exigir que la fábrica de cemento que se les prometió sea una realidad, sin más postergaciones. El presidente Morales busca contentar con promesas a los pobladores de los departamentos de Potosí y Oruro con fábricas de cemento para el uno y el otro.
Hace más de cinco años hizo algo similar respecto de Caranavi y Alto Beni: a los pobladores de estas dos localidades les prometieron plantas procesadores de cítricos; sin embargo, ni la una ni la otra funciona. No debemos olvidar que esas dos ciudades intermedias carecen de las frutas suficientes para su procesamiento, no hay el agua en los caudales requeridos y no se tienen los equipos para ambas plantas. No obstante, se sabe que en Caranavi se cuenta con los equipos —que fueron trasladados desde El Torno (Santa Cruz), sitio en el que debieron montarse— pero siguen paralizados.
Los dirigentes cívicos de Potosí afirman que a Potosí debe beneficiar la mitad de la futura renta por la explotación de litio del Salar de Uyuni y su procesamiento (litio metálico y baterías). Esos líderes aseguran que los gobernantes actuales programan sólo el 3% de esa renta, por verse, para Potosí, lo que consideran inaceptable. Ese es otro nudo gordiano de la demanda de los potosinos.
Ante la demanda potosina los gobernantes ensayan maniobras: que hablen los ministros, el Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia del país, que con el presidente Morales debieron conversar en Uyuni. Obispos católicos —alentados por la visita del Papa a Bolivia— demandan diálogo, sugerencia que hizo también la Presidenta de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos. Aunque aquellos pastores y ésta hablan de que las partes deben deponer intransigencias, ojalá aporten a la solución del conflicto: Incluso hablan de pacificar a Potosí y al país. Nosotros creemos que esa pacificación debe conseguirse con soluciones que atiendan, básicamente, la demanda del pueblo potosino.
El Vicepresidente, en ejercicio de la Presidencia de Bolivia, creemos, ha caído en el ridículo al decir que ha sido discriminado por dirigentes cívicos potosinos porque éstos se negaron a conversar con él y la mayoría de alcaldes masistas de aquel departamento. A los dirigentes de COMIPO, el segundo funcionario público, además, los culpa de “utilizar métodos de la derecha”. Nosotros recordamos que dirigentes de la derecha y que son parlamentarios sostienen una huelga de hambre en apoyo a los alzados de la “rica tierra”.
Los inquilinos del Palacio Quemado les ahorrarían, a los potosinos, un accionar sostenido desde hace más de dos semanas si el Presidente conversa con los delegados de los movilizados. Diálogo que sería un punto de partida a la salida del conflicto. Pero Juan Evo Morales Ayma quiere, siempre, aplausos en vez de media silbatina y se niega a conversar, al menos con una parte de sus electores.
Un apunte es ineludible: la lucha reivindicativa de los potosinos se transforma en acción política y ese no debiera negarse, así como política y de la dura es la respuesta gubernamental. Lo que importa y mucho es que ese accionar político de los potosinos será en beneficio de los más postergados, en primer lugar.
Leamos ahora lo dicho por Álvaro Marcelo García Linera:
“Los dirigentes de COMCIPO son soberbios y la soberbia es el octavo pecado capital. Debo expresar —añadió— mi tristeza por ser maltratado y discriminado por un presidente de un comité cívico que no quiere estar presente aquí”, en el Palacio de Gobierno, para que esos líderes cívicos hablen, además, con los alcances masistas, reiteramos.
¿Cree García Linera en el octavo pecado capital? Esa es una postura inapropiada de alguien al que sus parciales le reconocen gajes académicos, que seguro los tiene, pero que los mal utiliza.
Ese funcionario, asimismo, se siente maltratado y discriminado —¡pobrecito! dirán los zalameros— lo que si fuera cierto, nos parece que lo merece. Pero hay algo en los dirigentes cívicos que a nosotros nos conmueve: creen que el Presidente boliviano atenderá sus demandas. Y, nosotros agregamos que, mientras no veamos que se ejecuten acuerdos de los movilizados en La Paz y el Presidente, seguiremos con duda “razonables”.
Algo acusatorio, asimismo, ha dicho el Vice… Citamos a éste:
“Nosotros no somos los que prendemos fuego a las casas, no a la Federación de Campesinos; no amedrentamos a los diputados. Estos son métodos de la derecha”.
Lamentamos y hasta condenamos esos hechos. Sin embargo, sospechamos que infiltrados del gobierno ejecuten o alienten esas acciones, como que una infiltrada del gobierno fue descubierta entre los potosinos movilizados en la sede de gobierno. Además, esa práctica es uno de los recursos de los actuales gobernantes: a la VIII marcha de los indígenas en defensa del TIPNIS aquéllos metieron agentes suyos.
Postulamos que en la lucha del pueblo no debe cobrar espacio la derecha y a ésta no se la debe tomar en cuenta para ninguna alianza con los explotados y los oprimidos, con los excluidos. Las alianzas con la derecha, con la poderosa derecha, se la debemos dejar a los gobernantes, como lo han hecho hace poco con los empresarios de la Cámara Agropecuaria del Oriente, por la que a ciertos masistas se les ha enrojecido la cara.
Para nosotros, en movilizaciones como la de los potosinos, además de buscar la atención de las legítimas demandas, se deben sentar bases de la nueva unidad del pueblo boliviano: democrática, popular, plurinacional, antiimperialista y revolucionaria.
También tenemos que felicitarnos porque los potosinos se convencen otra vez que el Cerro Rico, durante siglos, ha sido y es saqueado (esquilmado diría el Papa Francisco) y que tomen de lo dicho en La Paz por el máximo ejecutivo de la empresa japonesa Sumitomo que explota minerales en San Cristóbal: para mi empresa en Bolivia todo es ganar, ganar y ganar; la que consume agua en un día, cantidad de ese líquido elemento que gastan los alteños en un mes.
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