En Bolivia se ha recrudecido la violencia contra la mujer. En noviembre de 2012 la ONU dio a conocer los resultados de una encuesta en 13 países de la región donde Bolivia ocupaba el primer lugar en violencia física contra las mujeres y el segundo lugar, después de Haití, en violencia sexual.
En marzo de 2013 se promulgó la “Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida libre Violencia”. A través de 121 artículos se presentan 16 tipos penales de violencia: física, feminicidio, sexual, psicológica, mediática, social, comunicacional, sexual, reproductiva, atención de salud, económica, laboral educacional, política, procesal, familiar y jurídica. Se designan tres ámbitos de protección: prevención, protección y sanción a los agresores. También se delega el tratamiento de las denuncias al ámbito penal simplificando algunos aspectos del procedimiento para que la sanción sea drástica y más rápida. La ley no está todavía cabalmente reglamentada. Posteriormente se ha creado la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (FELCV) que atiende únicamente los casos de mujeres de cualquier edad que han sufrido algún tipo de violencia.
A pesar de estas medidas la violencia contra la mujer ha seguido creciendo. Según el Centro de Información y Desarrollo de la Mujer (CIDEM) hasta el mes de agosto de este año 59 mujeres han sido asesinadas por agresión sexual. Llama la atención de que en Santa Cruz en ese mes se han producido 8 feminicidios, algunos de ellos acompañados de violaciones. Se han disparado las alarmas para sancionar drástica y rápidamente estos crímenes. Como fruto de ello se ha conseguido que en un proceso breve, previa la confesión del asesino, el tribunal le condenara a 30 años de cárcel sin derecho a indulto, la máxima pena permitida en el Código Penal.
Se han hecho propuestas, a nuestro juicio fuera de lugar, para modificar el actual Código Penal, como la acumulación de penas en el caso de violación seguida de feminicidio. Incluso se ha propuesto volver a introducir la pena de muerte, actualmente abolida en Bolivia y en muchos otros países. Además se propone la castración química del violador, que no tendría ningún efecto si el violador no la acepta voluntariamente.
Algunos países como España han puesto en práctica una serie de medidas preventivas para facilitar la denuncia de la mujer y mantener alejado al varón denunciado, mediante un sistema electrónico de alarma. Aún así las cifras de feminicidios se mantienen altas.
Lamentablemente no se va a las raíces de este fenómeno preocupante. En la sociedad se está difundiendo la ideología del género basada en una concepción libertaria, individualista y hedonista del ser humano que no valora la convivencia respetuosa y solidaria. La sexualidad es considerada simplemente como un elemento de placer y diversión, marginando su dimensión unitiva conyugal y fecundativa familiar.
En la educación muchas veces no se transmiten a los adolescentes valores éticos y principios morales. En consecuencia no forman suficientemente sus conciencias para distinguir entre el bien y el mal, entre las acciones buenas o malas. Esta deficiencia en la formación ética hace que fácilmente sucumban ante los impulsos sexuales y actúen de manera similar a los animales. De aquí a cometer abusos y violaciones solamente hay un paso. Más aún cuando caen en las redes del consumo del alcohol y las drogas, cada vez más frecuente en la sociedad.
Como consecuencia ha crecido alarmantemente la pornografía y la prostitución, extendiéndose incluso a menores de edad. Responsables de ello son también algunos medios de comunicación social que únicamente buscan aumentar su lucro económico. Un síntoma de la decadencia moral es el avisaje en los periódicos, incluso en los considerados “respetables”, que presenta a la mujer como un objeto sexual. Todo ello contribuye a crear una atmósfera sumamente erotizada que contribuye a la degradación moral, destruyendo los valores personales y familiares.
A nuestro juicio falta un análisis más profundo sobre el porqué de la violencia machista. Es preciso una colaboración interdisciplinar de biólogos, antropólogos, psicólogos, sociólogos, pedagogos, juristas, políticos y religiosos que estudien el fenómeno de la agresión de la mujer. Se debe aclarar la diversidad sexual, biológica y psicológica entre el varón y la mujer que hoy en día no se tiene suficientemente en cuenta.
En este problema es necesaria una visión filosófica personalista que enfatice la dignidad de las personas y censure toda clase de discriminación, abuso y violencia. Esta educación debe comenzar el hogar, donde obviamente los padres son los primeros que deben dar ejemplo, y prolongarse en la escuela, en el colegio y en la universidad.
Pero para vivir la sexualidad de manera correcta se necesitan además motivaciones éticas de raíz religiosa cristiana que difícilmente pueden suplirse con otro tipo de medidas jurídicas o penales. Pensadores, como el filósofo Jürgen Habermas y el teólogo Josef Ratzinger, coincidieron en un diálogo en reconocer y promover la importancia del fondo ético religioso de la sociedad. Esta es una razón más para que el Estado colabore con las comunidades cristianas en la educación religiosa. Jesús en el Evangelio sigue siendo el mejor modelo para educar la conciencia personal y social. La Iglesia Católica ofrece en el Catecismo y en la Doctrina Social una excelente base para la formación ética, incluyendo también el ámbito de la sexualidad.
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