Por
Cristina Lipa - Columnista - 8/05/2014
Ed. Impresa INVITADO
La Prensa .
Históricamente la agricultura familiar es una de las
principales fuentes para el consumo alimentario, pero la crisis alimentaria de
2008 ha puesto en debate la efectividad del sistema agroalimentario, tanto el
de la pequeña agricultura familiar como
en la agroindustria.
Según datos oficiales de la Encuesta Nacional Agropecuaria
de 2008, 94% de los productores agropecuarios se dedican a la pequeña
agricultura familiar y su producción está destinada al autoconsumo garantizando
la seguridad alimentaria. En los últimos años existe una tendencia hacia el
cultivo y comercialización de alimentos tradicionales, contribuyendo a la
reducción del hambre.
La agroindustria formada por productores medianos alcanza al
5% y los grandes al 1%. Según la misma encuesta, estos han ido ampliando su
frontera agrícola privilegiando la producción de monocultivos a gran escala,
pero con grandes impactos a la biodiversidad; este tipo de producción creció en
un 48 % a 2013, según Fundación Tierra.
Según datos del Censo 2012, un 24% de la población se
encuentra en situación de extrema pobreza y es la que va a sufrir mayor
inseguridad alimentaria; de acuerdo con los datos registrados en la gestión
anterior, existe un 10,44% de inflación
en el precio de los alimentos, esta población con seguridad es la que
sufrió los mayores impactos. A nivel mundial el 70% de la población rural está
expuesta a la inseguridad alimentaria.
Desde el Gobierno se ha implementado una serie de programas
y proyectos que buscan fortalecer a la pequeña agricultura familiar como la Ley
de la Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria, que promueve la soberanía
alimentaria, y reconoce como sujeto principal a las comunidades indígena
originario campesinas, promueve programas de alimentación complementaria escolar
y de lactancia materna con alimentos locales, además del Compro Boliviano. La
Ley de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien establece
fundamentos del desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre
Tierra, buscando que garanticen la continuidad y capacidad de regeneración de
los sistemas de vida y el fortalecimiento de saberes locales; la Ley de Oecas y
Oecom, que tienen la finalidad de normar la agricultura familiar; la
priorización del riego como insumo principal para la agropecuaria y el establecimiento
de varios programas.
Pero por los datos publicados por la Fundación Jubileo
respecto a la inversión pública sectorial en 2014, se continúa priorizando la
asignación de recursos a Transportes con 30,9 por ciento; a los sectores de
Industria y Turismo 2,9 por ciento, y Agropecuario 5,6 por ciento, a los
sectores extractivos de hidrocarburos y minerales con una inversión de 25,4 por
ciento, alcanzado un total de sólo 8,5 por ciento de inversión en estos
sectores productivos alternativos sobre el total. Estos datos evidencian que la
apuesta del Estado aún se encuentra en sectores extractivos y es necesario
avanzar hacia una reconversión productiva y de generación de empleo, pero sobre
todo, promover el cambio de la matriz productiva.
Para lograr avances efectivos es necesario que se realicen
fuertes inversiones en políticas de desarrollo rural fortaleciendo la
agricultura familiar, que se brinden servicios a los agricultores familiares
como el acceso a servicios básicos, asistencia técnica, infraestructura
productiva, compras estatales de la producción de la agricultura familiar, que
dinamicen la economía comunitaria, y se establezcan políticas de inclusión para
mujeres y jóvenes.
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