Al descubierto un complot político del gobierno de Evo Morales para someter a la Justicia boliviana

Por instrucción directa del gobierno de Evo Morales, la Cámara de Diputados suspendió e inicio un juicio de responsabilidades contra dos magistradas del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que no acataron las órdenes del oficialismo, con el objetivo expreso de retomar el control de la máxima instancia judicial encargada de viabilizar la reelección indefinida de Morales, demostraron con pruebas documentales la diputada del MSM Marcela Revollo y la legisladora disidente del MAS Rebeca Delgado.

En la madrugada del 29 de julio, la mayoría oficialista en la Cámara Baja suspendió a las magistradas del TCP Soraida Rosario Chanez Chire y Ligia Mónica Velásquez Castaños e inició un juicio de responsabilidades en su contra por los presuntos delitos de “resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, prevaricato e incumplimiento de deberes”.

Chanez y Velásquez fueron acusadas de cometer una “aberración jurídica” al dictar un auto de suspensión de la Ley del Notariado al momento de admitir una Acción de Inconstitucionalidad Abstracta de varios artículos de la norma, presentada por el diputado Juan Luis Gantier.

Luego de la admisión de la demanda, la Asociación de Notarios de Bolivia presentó una denuncia a la Comisión del Ministerio Público de la Asamblea Legislativa, la cual determinó la imputación formal de ambas magistradas.

Según el Vicepresidente Álvaro García Linera, las dos magistradas cometieron una “aberración jurídica” e incumplieron el procedimiento, ya que el TCP emite fallos y no está facultado para suspender la aplicación de leyes. Por esa razón, dijo García, las magistradas acusadas “son un auténtico peligro para Bolivia, y no vamos a permitir como Asamblea Legislativa que se ataque de esta manera infame al Estado boliviano… por eso es el juicio”.

Delgado y Revollo revelan los entretelones del juicio político

En respuesta a las declaraciones de García Linera, la diputada Revollo reiteró que el juicio contra Chanez y Velásquez es eminentemente político, se apoya en una ley que inconstitucional y tiene como único fin entregar el control del TCP al Ejecutivo.

La diputada Delgado recalcó que el oficialismo pretende enjuiciar a las dos magistradas del TCP aplicando la Ley 044 de Juicio de Responsabilidades, sabiendo que dicha norma no se aplica a autoridades elegidas por voto, como es el caso de los magistrados del TCP.

“Hay que recordar también que hicieron lo mismo con los gobernadores y alcaldes, pero esa acción ha sido declarada inconstitucional. Presentamos un recurso de inconstitucionalidad de esta ley y el art 39 que determina que a sola acusación pueden ser suspendidos. En el caso de las autoridades departamentales se declaró la inconstitucionalidad, pero en este caso se rechaza la demanda. Entonces hay dos posiciones en el TCP, lo que determina que más bien (se ha cometido) prevaricato en el TCP”, explicó Delgado.

El gobierno confesó que las dos magistradas son enjuiciadas por trabar la Ley del Notariado. “El Estado en su conjunto fue objeto de un ataque sin precedentes, de una conspiración legal que puede llevar a la parálisis el funcionamiento de ministerios, de municipios y empresas estatales; es inconcebible el daño económico al Estado, el daño jurídico, es un abuso”, argumentó García Linera.

Delgado replicó que las acusadas no han emitido una sentencia, sino una medida cautelar provisional que no causa estado, es decir que no han sacado ningún fallo o sentencia. Por su parte, Chanez precisó que la admisión de una acción de inconstitucionalidad no impide la aplicación del Código de Procedimiento Civil, y solo paraliza medidas administrativas.

Para aclarar el entuerto, la diputada Marcela Revello aseguró que lo que le preocupa realmente al Vicepresidente es no poder aplicar de inmediato la Ley observada, la cual tiene como objetivo entregar al Poder Ejecutivo la tuición de todos los registros notariales de propiedades, transacciones y declaraciones juradas, que hoy están bajo control del Poder Judicial.

Además, en la mayoría de los países latinoamericanos la elección de notarios es una facultad del Poder Judicial, mientras que la nueva ley boliviana otorga al Ejecutivo la facultad de elección y designación de notarios, lo que constituye injerencia directa de poderes.

En conclusión, el gobierno juzga a las dos magistradas porque impidieron que los notarios del país sean controlados por el Ejecutivo. Por tanto, agregó Delgado, “si el Vicepresidente dice que tienen que irse los del órgano Judicial y los del TCP, tienen que acompañarles de la mano el Órgano Ejecutivo porque ellos son los causantes de la crisis judicial por la injerencia en todos los órganos de poder público”.

Pero, más allá de los apetitos personales (no hay que olvidar que la designación de notarios es un negocio millonario) ¿por qué el oficialismo se empeña en descabezar al TCP? Porque quieren garantizar la reelección indefinida de Evo Morales, respondió Revollo. “No lo decimos nosotros sino los mismos diputados masistas que hablan claramente que para cumplir el objetivo de la reelección hay que abrir la constitución y para ello necesitan un TCP subordinado al Ejecutivo”.

Como prueba de estas afirmaciones, la diputada Delgado presentó documentos que confirman que la magistrada Chanez será reemplazada por su suplente Zenón Hugo Bacarreza Morales. Curiosamente, Bacarreza fue el magistrado relator de la Declaración Constitucional 0003/2013 que habilitó la tercera reelección inconstitucional de Evo Morales.

La diputada del MSM recordó que el su colega Lucio Marca del MAS dijo textualmente que “realmente preocupa que el 2020 el Presidente Morales no podrá ser reelegido”, mientras que otro legislador masista comentó públicamente que “es importante garantizar la reelección indefinida de Morales”.

Todos estos antecedentes demuestran que el Ejecutivo juzga a las dos magistradas rebeldes “porque no han cumplido la orden de subordinar a los notarios públicos de todo el país, y por otro lado garantizar que el TCP sea el instrumento que garantice la reelección indefinida de Morales. Aquí están las pruebas, las declaraciones de tres diputados del MAS que hablan de garantizar la reelección de Morales en 2019 para que se quede indefinidamente en el poder”, reiteró Revollo

Finalmente, Delgado manifestó que amerita iniciar un proceso penal contra los miembros de la Comisión de Justicia porque han vulnerado totalmente la Constitución y el procedimiento, “pero hemos tenido noticia de que las magistradas van a iniciar una demanda internacional, y si esto es así vamos a esperar su decisión”.