La Ley 243 Contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres cumple este martes un año de vida, en medio de críticas sobre su aplicabilidad y los recientes casos referidos a esta temática.
La ley se aprobó el 28 de mayo de 2012 y como principal característica creaba dos nuevos tipos penales, como son el acoso político contra las mujeres y la violencia política contra las mujeres, el primero que tiene una sanción de 2 a 5 años de cárcel y el segundo de 3 a 8 años de presidio.
La diputada Marcela Revollo (MSM) denunció este lunes que la ley no ha cumplido con su fin inmediato que es el sancionar a aquellas personas que cometan violencia o acoso político hacia las mujeres, citando los casos de las concejalas Juana Quispe, del municipio paceño de Ancoraimes, y Daguimar Rivera, de la población beniana de Guayaramerín.
Quispe fue víctima de un asesinato en marzo de 2012, mientras que Rivera también sufrió el mismo destino tras haber denunciado hechos de corrupción en el municipio de Guayaramerín.
Al respecto, la viceministra de Igualdad de Oportunidades, Karina Marconi, indicó que existen “avances” en la reglamentación de la ley por parte del OEP, pero existen varias instituciones públicas, como ser Ministerios, Gobernaciones y Alcaldías, que todavía no han adecuado sus reglamentos a las disposiciones establecidas en esta ley.
ANF
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