ERBOL: Activistas y organizaciones de derechos humanos advirtieron que en Bolivia se vulneran cinco principios fundamentales en tema de justicia e identificaron a la retardación y la corrupción como sus peores males.
Los derechos más quebrantados son el acceso a la justicia, la presunción de inocencia, el derecho al honor, el derecho a la defensa y al debido proceso.
La representante de la Comunidad de Derechos Humanos, Mónica Bayá, señaló que el acceso a la justicia, consagrado en el artículo 119 de la Constitución Política del Estado (CPE), en términos generales, es uno de los derechos más vulnerados, al igual que el principio de inocencia.
“Ha habido algunos esfuerzos de parte del servicio para atención de víctimas del Ministerio de Justicia, pero que no tiene alcance nacional, sólo están en algunas ciudades capitales e intermedias. Tenemos el tema del Ministerio Público con una sobrecarga de causas, la Defensa Pública lo propio, entonces quienes realmente no tienen recursos y podrían recurrir a estas instancias realmente no tienen un real acceso”, apuntó.
La funcionaria señaló que en la mayoría de los casos, las personas que se ven involucradas en un proceso judicial requieren de un patrocinio legal por el desconocimiento de las normas.
Respecto al principio de presunción de inocencia -garantizado en el artículo 116 de la CPE-, Bayá dijo que la vulneración de este derecho se inicia en las dependencias policiales. “Muchas veces en casos de detenciones, en el tema de interrogatorio, ciertas prácticas policiales demuestran que todavía no está tan presente este principio”, señaló.
La infracción de este derecho, agregó, se expresa también cuando los presuntos responsables de la comisión de un delito son presentados ante los medios de comunicación. Aclaró que esto ocurre porque no existe una normativa específica que proteja al ciudadano y la decisión final –sobre la presentación- queda sujeta al criterio de las autoridades.
APDHB
La presidenta de la Asamblea Permanente de los de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Yolanda Herrera, identificó además del acceso a la justicia, la vulneración del derecho al honor como el principio más transgredido.
Agregó que en Bolivia no se respeta el estado de derecho, principio que señala que cualquier medida o acción legal debe estar sujeta a una norma jurídica escrita.
“Hay normas y todo (un marco legal) que protegen (al ciudadano) pero con el ámbito de la interpretación (de la ley) siempre es posible interpretar todo, por ejemplo el derecho de las personas a que sus evidencias valgan, si las evidencias no son pedidas por un fiscal, así las evidencias sea totalmente claras, no son aceptadas”, manifestó la activista.
Herrera agregó que en el país no se sigue exactamente el curso de la ley, como manda la Constitución, y se vulnera el principio jurídico del debido proceso, según el cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro de un proceso (artículo 120, inciso I de la CPE).
Respecto al derecho a la honra -artículo 21 de la CPE-, la funcionaria lamentó su constante flagrancia en manos de las propias autoridades gubernamentales. “Muchas veces se expone (ante los medios) a una persona acusada de un tipo de delito públicamente y está detenido preventivamente mucho tiempo sin ninguna causa, después sale en libertad y el Estado no da mecanismos para restituir a esas personas como corresponde”, acotó.
La responsabilidad de las autoridades, en estas infracciones, se evidencia como lo demostró el ministro de Gobierno Carlos Romero, quien argumentó que la exposición mediática de personas que se encuentran en calidad de investigadas se justifica porque otorga una “sensación de seguridad” a la población.
“Según las leyes, uno puede hacer un juicio por la reparación (artículo 113 inciso I de la CPE), pero hasta el momento estamos viendo gente al frente del Ministerio de Justicia que están pidiendo la reparación por las violaciones que han sufrido en tiempos de dictadura, y el gobierno sólo se basa en leyes que convienen y leyes que no favorecen a este sector”, manifestó la presidenta de Derechos Humanos.
El derecho a la honra se refiere a que nadie puede afectar la estima y el respeto adquiridos de una persona sin una justa causa o razón comprobada.
Piedras en el camino
Para el ex Defensor del Pueblo, Waldo Albarracín, en el país se vive un sistema de “inaccesibilidad de la justicia” que no permite a la población alcanzar sus máximas aspiraciones de igualdad.
Albarracín identificó que los derechos más vulnerados por el sistema de administración de justicia en el país son el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a la imparcialidad –artículo 120, inciso I de la CPE- con que deben ventilarse los procesos, y el derecho a la libertad de la gente que está injustamente detenida.
“Es una preocupación cuando más del 85 por ciento de los presos (12.131) que están en las cárceles no tiene sentencia y están detenidos solamente con carácter preventivo. La mayoría de los procesos en los tribunales tiene una duración por encima de los 5 años, entonces eso muestra los niveles alarmantes de retardación de justicia”, expresó.
Albarracín denunció la imparcialidad con que se procede en algunos procesos judiciales. Dijo que “se nota claramente cuando el gobierno trata de favorecer a uno u otro personaje y de mantener encarcelado a quienes los ven como una amenaza”.
La directora del Instituto de Terapia e Investigación de las Secuelas sobre la Tortura y la Violencia Estatal (ITEI), Emma Bravo Cladera, señaló que el derecho a la defensa –artículo 119, inciso II de la CPE- es frecuentemente vulnerado en el país por la situación de pobreza en que vive la gente.
“Muy pocos tienen plata para pagarse un abogado y los abogados de oficio raramente hacen su trabajo con seriedad. Entonces el derecho fundamental del derecho a la defensa esta perjudicado desde un inicio, lo que produce mucha desesperación en los involucrados porque no saben cómo defenderse y la mayoría son gente humilde”, dijo.
De acuerdo a los datos de la Dirección Nacional de Régimen Penitenciario, a marzo de 2013, el 98 por ciento de los privados de libertad son pobres (11.188) y el 20 por ciento extremadamente pobres o indigentes (2.797).
El derecho a la defensa se refiere al ejercicio de una persona o colectivo a defenderse ante un tribunal de justicia de los cargos que se imputan con plenas garantías de igualdad e independencia. Es parte inseparable del concepto conocido como debido proceso.
Mejoras de la justicia sólo en el papel
La presidenta de la Asamblea de los Derechos Humanos reconoció que en el ámbito de las normas y procedimientos existen muchos avances específicos en el tema de justicia, pero aclaró que eso no significa que la administración haya mejora.
“El beneficio llega principalmente a las personas que tienen sentencia, el tema del extramuro, la disminución de la pena por estudio; sin embargo, en el ámbito ya de la administración de justicia, la evolución en el tratamiento de un juicio penal a tenido retrasos y esto se demuestra con los detenidos preventivos en las cárceles de todo el país, entonces ahí podemos ver que se ha vuelto más burocrática”, manifestó.
La activista cuestionó que los casos como Caranavi, Yapacani, Mallku Qota, Chaparina, entre otros, se mantengan “congelados”, y que aparte de la retardación de justicia propia de la administración judicial, no avancen por un desinterés del gobierno. “No le damos muchas esperanzas a que estos casos se resuelvan”, expresó.
Dijo también que en el último tiempo se ha hablado mucho sobre los perseguidos políticos y aclaró que “no hay delitos políticos”, en todo caso, detrás de lo que uno puede decir que es político “hay un delito fabricado”.
Para el ex Defensor del Pueblo la justicia en el país sólo ha evolucionado como “consigna” y por tanto se mantiene como una tarea pendiente del Estado.
“En concreto, debido a los grados de corrupción, de politización, de ausencia de independencia y ausencia de convicción de justicia, el sistema está atravesando por momentos muy difíciles que no allanan las expectativas ciudadanas”, apuntó.
Albarracín se mostró poco optimista sobre la solución de casos como Caranavi y Chaparina, que involucran a funcionarios del Estado y donde “existe un interés político del gobierno de que esto quede en el olvido”.
“Los casos emblemáticos no creo que se resuelvan. Es muy difícil, yo creo que se van a ir dilatando, y si se resuelven va ser en favor de los que han violado derechos humanos”, manifestó.
Agregó que actualmente se hace un uso “político de la justicia”. “En algunos casos que tienen connotación política es cuando el gobierno ejerce dominio sobre la fiscalía, sobre los jueces, especialmente en materia penal en la idea de tener y enjuiciar a personas que le interesa que estén presas”.
La representante del ITEI lamentó la promulgación de una gran cantidad de leyes que al final no llegan a aplicarse. “Cuando se promulga una ley, uno siempre piensa que es una medida de defensa que el ciudadano y la ciudadana pueden hacer uso en un momento determinado, pero lo que vemos con esta falta de justicia y esta inoperancia de la justicia es que las leyes se vuelven aquí letra muerta”, expresó.
Bravo criticó la falta de voluntad política del gobierno para resolver los llamados casos emblemáticos del país. “No sólo se llega al poder para hacer política sino para presentar soluciones concretas al tema de justicia”, cuestionó.
Casos como el del asesinato con tortura del ex prontuariado David Olorio Apaza, la muerte de los subtenientes Grover Poma y Ceooly Espinal Prieto en la escuela de Cóndores de Sanandita, además de otros, continuarán sin resolverse porque “no existe interés del gobierno de dar con los responsables” que resultan ser policías y militares, “sus principales aliados”.
La representante del ITEI dijo que la injerencia del poder político en la administración de justicia “se ve cada vez en todo nivel” y que en el último tiempo se evidencia mucho más y ejemplo de ello es el caso de la “red de extorsión” compuesto por funcionarios de jerarquía del Ministerio de Gobierno.
La representante de la Comunidad de Derechos Humanos expuso que existe un importante avance en la justicia del país con la elaboración e implementación de nuevas leyes; así también por acciones como la elección de autoridades judiciales que dan “esperanzas a la población”. Sin embargo, admitió que la justicia “aún descansa en su vieja estructura”.
“Todavía sigue vigente el sistema judicial en ese andamiaje normativo anterior a la Constitución Política del Estado, en algunos casos ha habido algunas reformas con la ley 007 en materia penal, modificaciones a la ley del Órgano Judicial, pero todavía falta ese marco fundamental que van a ser precisamente esos códigos que nos permitirán mirar si realmente hay cambios sustanciales, implementar mayor oralidad, mayor agilidad, acortar plazos sin afectar las garantías; eso todavía está pendiente y ese es el gran vacío que se tiene”, señaló.
Bayá expresó que los casos mediatizados son parte de los miles que existen en la justicia boliviana y que continúan atrapados por la retardación de justicia.
Los peores vicios
Los entrevistados coincidieron en que la corrupción sigue siendo el talón de Aquiles del sistema judicial y se manifiesta en todos los niveles de la justicia; desde la policía hasta los jueces.
Albarracín señaló a la corrupción, la falta de independencia, la mediocridad profesional y la ausencia de convicción, como los peores males que aquejan a la administración de justicia.
“En general los procesos no avanzan cuando no hay lo que se llama el impulso procesal, es decir el dinero que mueva la voluntad de los jueces”, dijo.
Para el ITEI, la corrupción está en toda la esfera de la administración de justicia y no sólo en la parte judicial. “Esa es una de las cuestiones que impide que en Bolivia se haga justicia y se perpetúe la impunidad”, manifestó.
Agregó que toda esta lamentable situación significa un “vía crucis” para las personas que por uno u otro motivo se ven involucradas en procesos judiciales. “Son víctimas de la lentitud e ineficacia de la justicia boliviana, con constantes cambios de jueces y fiscales, demoras y pérdidas inexplicables de documentos importantes”, señaló.
Herrera dijo que la retardación de justicia viene acompañada por la interpretación de las leyes. “Lamentablemente se puede ver que para los pobres la justicia se aplica y para los que tienen poder se interpreta”, además de haberse “mercantilizado en todos los niveles”.
Bayá señaló que el sistema de la administración de justicia sigue presentando varias deficiencias que tienen una raíz estructural. “Están vinculadas principalmente al tema de la retardación de justicia que tiene muchas causas, como el déficit de autoridades judiciales, distribución de los mismos juzgados y administradores de justicia”, sostuvo.
