Periódico Digital PIEB • 01-04-2015
Las defensoras comunitarias acompañaron 25 casos de violencia contra las mujeres en cuatro municipios del país, logrando articular y coordinar acciones con instituciones estatales para que otras mujeres tengan una vida libre de violencia. El proyecto se desarrolló en un contexto en el que la violencia está naturalizada y, por tanto, no es susceptible de denuncia en busca de justicia. Se trata de mujeres que vivieron y superaron situaciones de violencia, y que fueron empoderadas para apoyar a las víctimas en este proceso. El proyecto de defensoras comunitarias fue impulsado por Fundación Construir, a fin de que un grupo de mujeres se conviertan en “agentes de cambio en sus comunidades, orientando y acompañando a víctimas de violencia, organizando acciones de sensibilización e incidencia, articulándose a los diferentes actores que atienden y previenen la violencia basada en género”.
Un estudio realizado en 2013 y que se constituyó en la línea de base del proyecto muestra que, en los cuatro municipios rurales del país --San Buenaventura en La Paz, Muyupampa en el chaco chuquisaqueño, Mizque en Cochabamba y Challapata en Oruro--, la violencia hacia las mujeres está naturalizada a tal punto que no es susceptible de que las víctimas denuncien el hecho para buscar justicia. El estudio sirvió para desarrollar acciones encaminadas a generar “defensoras comunitarias” que puedan actuar desde la sociedad y desde las instituciones en contra de la violencia hacia las mujeres.
Si bien se identificó una situación diferente en cada municipio, según Mathilde Defferrard se detectaron algunas tendencias: un conocimiento escaso de los derechos de las mujeres y de los mecanismos institucionales a los que se puede acudir en caso de sufrir violencia; un desconocimiento de a dónde ir en caso de que una mujer sea víctima de violencia, en consecuencia desconocimiento de cuáles son los procedimientos para solicitar ayuda y cuáles los derechos a demandar; junto a esto una “tendencia a considerar la violencia como algo casi natural o normal”, por tanto se cree que no es necesario denunciar.
Los datos levantados en San Buenaventura mostraron que un 64% de los encuestados desconoce los derechos de las mujeres, el 8% identifica actos de violencia física, el 20% identifica los actos de violencia psicológica, ninguno advierte casos de violencia económica, el 20% identifica hechos de violencia sexual y un 52% no percibe en general actos de violencia contra las mujeres. En el municipio de Challapata las cifras cambian un poco: un 39% de los encuestados desconoce los derechos de las mujeres, un 11% cree que la violencia contra las mujeres es un problema social y sólo un 24% no identifica actos de violencia contra las mujeres.
El estudio también indagó en la calidad y calidez de la atención en las instituciones estatales designadas para este tema, identificó fallas en términos de atención de los funcionarios y de infraestructura adecuada para estos casos (cuando existe la institucionalidad). Al momento de relevar los datos, en 2013, en dos de los cuatro municipios estudiados no existía el SLIM (Servicio Legal Integral Municipal), por ejemplo, lo que muestra escaso avance para enfrentar la violencia hacia las mujeres.
La línea de base permitió desarrollar el proyecto integral “Defensoras comunitarias y acceso a la justicia plural”, con el propósito de lograr un cambio de mentalidades así como modificar las actitudes hacia las mujeres en la población. Las mujeres fueron capacitadas en sus derechos para hacer que dialoguen con autoridades y funcionarios, y entre sus logros se anota el haber acompañado en total 25 casos completos, haber recibido reconocimiento de sus propias comunidades y haber sido incluidas en trabajos conjuntos entre actores.
FUENTE:
http://www.pieb.com.bo/sipieb_nota.php?idn=9568
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