Periódico Digital PIEB • 04-12-2014  “El enfrentamiento de la violencia contra las mujeres en América Latina y el Caribe – Informe 2013-2014”, elaborado por la Cepal, pone en evidencia el hecho de que esa violencia no puede ser enfrentada de manera aislada y más bien debe ser vinculada a factores de desigualdad económica, social y cultural que operan en las relaciones de poder entre hombres y mujeres, tanto en el ámbito privado como en la esfera pública.
Otro factor que identifica la institución es el déficit de información de seguimiento al cumplimiento de tratados o convenciones internacionales por falta de datos cuantitativos, lo que impide conocer la magnitud del problema. Tanto las encuestas para verificar la incidencia y prevalencia de la violencia hacia las mujeres, como los registros administrativos de los servicios públicos (salud, justicia, policía, etc.) son recursos que permiten posteriormente tomar decisiones a nivel estatal.
En Bolivia el déficit es particularmente especial porque si bien se cuenta con encuestas de demografía y salud (1989, 1994, 1998, 2003, 2008), no se tienen encuestas de salud reproductiva. Si bien originalmente esa recolección de información no está diseñada para registrar casos de violencia contra las mujeres, algunos sí incorporan módulos sobre el tema.
Sólo Ecuador, México y Uruguay cuentan con encuestas específicas sobre violencia en razón de género, aunque la OPS realizó en varios países, entre ellos Bolivia, un reporte comparativo sobre este problema con base en información recogida entre 2003 y 2009. “Los datos muestran –dice el reporte– que la violencia física o sexual infligida hacia una mujer por su pareja o expareja está generalizada en todos los países relevados, es transversal a todos los estratos socioeconómicos y tiene diversidad territorial… Como es de esperar, las cifras de violencia física o sexual sufrida en los últimos 12 meses es inferior a la sufrida alguna vez en la vida, pero en la región tiene una prevalencia sustancial (entre un 7,7% en Jamaica en 2008-2009 y un 25,5% en Bolivia en 2008)”.
En el caso de la prevalencia en los últimos 12 meses, las respuestas afirmativas oscilaban entre un 13,7% en Honduras y un 32% en Bolivia; y entre los comportamientos identificados como formas de maltrato emocional se encuentra la pretensión de controlar a las mujeres, aislándolas de sus familias y amistades, o buscando controlar sus movimientos y acceso al dinero. Toda esta información es importante para generar políticas públicas.
Bolivia está entre los países que han elaborado un plan integral para abordar la violencia de género, en el marco de una estrategia más amplia de igualdad de género. El país, por ejemplo, ha creado la figura legal del “feminicidio” y ha modificado su legislación penal y civil para proteger a las mujeres de este tipo de violencia.
Entre algunas recomendaciones está el establecer sistemas mejorados para la producción de información; implementar sistemas legales que den garantías de acceso a la información pública; llevar a cabo procesos de reforma legislativa con amplios debates públicos; lograr una coordinación institucional fuerte, con capacidad técnica, prestigio y solvencia profesional; instaurar un sistema integral de atención, capaz de articular las políticas sociales con las respuestas judiciales desde las competencias civiles, penales, laborales, administrativas, entre otras acciones que resulten aplicables.
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