Los altos índices de pobreza y desigualdad en el país son responsables diversos problemas sociales, así como se describe en el siguiente artículo publicado por Bolivia Rural.
- Fuente: La Razón/Fecha de Publicación Jueves, 12 Junio 2014
El Ministerio de Trabajo identificó 600 casos de labor infantil forzosa en lo que va del año, y todos están en proceso judicial. La mayoría se registró en el entorno zafrero de la caña de azúcar y castaña, además en los sectores de la ganadería y la minería.
“Pese a que hay un convenio con el IBCE (Instituto Boliviano de Comercio Exterior), la explotación infantil en la zafra se mantiene, también está en la ganadería y minería. Los inspectores identificaron 600 casos de niños en trabajos forzosos, algunos lo hacen junto a sus padres”, declaró a La Razón la responsable de Pueblos indígenas del Ministerio de Trabajo, María Luisa Balboa.
La funcionaria laboral especificó que en el caso de la zafra son familias del altiplano que se trasladan a tierras bajas para trabajar en el rubro, y si bien las empresas contratan a los padres o personas mayores, los tutores involucran en la faena diaria a sus hijos.
“Como ministerio y con el apoyo de Unicef (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) estamos realizando acciones para que los padres no involucren a sus hijos menores en trabajos forzosos e ilegales. Son forzosos porque están dentro las peores formas de trabajo, y si se trata de menores es ilegal, se debe sancionar”, señaló.
Balboa detalló que las regiones que más concentran los trabajos forzosos, respecto a la zafra, son Yacuiba (Tarija), Monteagudo (Chuquisaca) y Riberalta (Beni). En cuanto a la minería, los casos pertenecen a Potosí.
La información fue proporcionada en vísperas del Día Internacional contra el Trabajo Infantil, que se conmemora cada 12 de junio. Según datos de la encuesta sobre trabajo infantil, realizada en 2008, en Bolivia hay 848.000 niños, de entre 5 y 17 años, ocupados en actividades económicas. Suman 354.000 en el área urbana y 446.000 en el campo; del total, más de 493.000 se desempeñan en labores peligrosas.
La representante del Defensor del Pueblo en La Paz, Teófila Guarachi, manifestó que los empleadores buscan contratar a niños y adolescentes porque son mano de obra barata, realizan la faena de manera rápida y sin reclamar.
“Estas personas no se dan cuenta que lo que están cometiendo es un delito y se los debe llevar a la Justicia para sentar un precedente. De esta manera el trabajo infantil forzoso desaparecerá”, dijo.
El coordinador de la Unión de Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores de Bolivia (Unastbo), Kevin Yucra, apoyó la labor para erradicar la explotación laboral y pidió a las instancias correspondientes hacer un seguimiento.
Unatsbo demanda carnet especial para beneficios
Un carnet que otorgue facilidades para la atención en salud, ingreso a bibliotecas y la revisión quinquenal de trabajos peligrosos para niños, serán algunas de las demandas que presentará la Unión de Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores de Bolivia (Unatsbo) a los asambleístas.
“Estamos complacidos porque los legisladores tomaron en cuenta nuestra propuesta. Sin embargo, necesitamos incluir detalles respecto al censo para el sector, por ejemplo, tener un carnet para acceder al servicio gratuito de salud hasta los 18 años e ingreso libre a bibliotecas”, dijo Kevin Yujra, dirigente de la Unatsbo.
El adolescente explicó que si bien se consensuó con los asambleístas algunos puntos del proyecto del nuevo Código Niño, Niña Adolescente, Unatsbo “solicita una última reunión con los representantes del Senado antes de que se emita la versión oficial”. El proyecto fue consensuado en las últimas semana con los sectores involucrados y se encuentra en el Senado para su tratamiento la próxima semana.
Piden resolver causas de trabajo infantil
Promover políticas de mejoramiento de ingresos para familias en situación de pobreza, erradicar las causas del trabajo infantil, elaborar una norma que regule la diferencia entre trabajo, empleo y explotación, son algunas recomendaciones del informe del Examen Periódico Universal (EPU).
Tras cuatro años de investigación, las organizaciones de la sociedad civil presentaron ayer al EPU informes sobre los derechos humanos en el país. El estudio sobre los derechos de la niñez y adolescencia cuenta con 42 puntos y varias recomendaciones.
Respecto a la prohibición de las peores formas de trabajo infantil, el documento sugiere al Estado poner en marcha políticas públicas porque éstas ponen en riesgo la salud, integridad y formación de los menores, además de exponerlos al maltrato físico, psicológico y también al moral.
“Las normas y medidas para garantizar los derechos de la niñez y la adolescencia aún son insuficientes. Son miles las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia. Persisten las causas que les obligan a trabajar, incluso en condiciones de explotación”, resaltó Mónica Bayá, presentadora del informe sobre la problemática.
También se refirió a la recomendación sobre la necesidad de crear un Ministerio de la Niñez y Adolescencia, a reglamentar los mecanismos de adopción y familias sustitutas de acuerdo con los estándares internacionales.
Bayá sostuvo que es necesaria una política específica para niños y adolescentes que tienen a sus padres recluidos en cárceles. La presentación estuvo organizada por la Comunidad de Derechos Humanos y la Fundación para el Periodismo.
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