Fuente: Bolpress/Redacción
AquíCom
La actual administración de
gobierno ha priorizado el uso del show mediático como parte de su gestión para
mostrar “efectividad” en la lucha contra la delincuencia, sin importar la
vulneración de las leyes constitucionales y de derechos humanos, marco del cual
las autoridades de gobierno se reclaman “los más fervientes defensores”. “El
respeto a los derechos humanos es nuestra divisa”, señaló el Procurador del
Estado Héctor Arce.
Sus acciones de los últimos años,
el uso político de las personas y los hechos, sin importar los daños que se
causan, son mucho más importante para el gobierno. Recordemos algunos casos que
tuvieron la fortuna de hacerse públicos, y que muestran la inoperancia y abuso
cometido por el Ministerio de Gobierno y la Policía.
El 1 de agosto de 2011, el ex
ministro de Gobierno Sacha Llorenti, que aún sigue reclamándose activista y
defensor indesmayable de los derechos humanos, presentó ante los medios de
comunicación, junto a los jefes de la Policía, a tres súbditos extranjeros
—José Cantoral y los dos hermanos de apellido Minaya (más la esposa y un hijo
de uno de ellos)— como parte de una organización terrorista que se articulaba
para cometer actos delictivos en la sede de gobierno boliviano.
Llorenti, en complicidad con el
fiscal de turno Ángel Ponce —premiado con el cargo de fiscal de distrito por
excluir del caso Chaparina a Llorenti— y la policía, sostuvieron ante la
sociedad, el discurso que utilizan de memoria en esas ocasiones, que existían
las pruebas “suficientes e irrefutables” del delito. Los Minaya fueron
expulsados del país sin tener el derecho a la defensa, que se otorga en
cualquier gobierno que se precie de democrático; Cantoral fue recluido en una
celda para ser procesado.
Casi tres años después de
iniciado el proceso, el fiscal que investiga el caso (ya no es Ponce), pide el
sobreseimiento del mismo al no existir evidencia alguna del delito que se les
imputó a los procesados. Los hermanos Minaya, en el Perú, también gozan de
libertad.
Otro caso es el ocurrido el 26 de
agosto de 2011, cuando una vez más Sacha Llorenti presentó al ciudadano español
José María Gonzales Galán, exfuncionario de la Organización de Naciones Unidas
(ONU) en Bolivia, como parte de una organización internacional del narcotráfico
que intentaba enviar más de 30 kilos de droga a España. En la presentación, el
entonces director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el
Narcotráfico, coronel Gonzalo Quezada, hizo alarde del conocimiento del caso
señalando, el modus operandi y la cantidad de droga que se habría enviado hacia
Europa.
Seis meses después, con mayor
suerte que otros, Gonzales Galán es liberado. El ex ministro de Gobierno,
Wilfredo Chávez, consultado sobre el tema, declaró ante los medios que se trató
de “un error” capturar y presentar a Gonzales Galán.
El 8 de marzo de 2012, el actual
ministro de Gobierno Carlos Romero presentó a Félix Yupanqui, alias el “matón
quita calzón” (se conoció que el alias le fue endilgado por el fiscal del caso
Santos Valencia) y Adalid Mamani alias “el botija” como los asesinos de los
hermanos peñasco, con las consabidas frases hechas de que “existen las pruebas
suficientes” y reforzado con la versión policial, para que no le quede duda a
la población, de quiénes son los asesinos, y mostrar una vez más la eficiencia
policial, y del gobierno, en la lucha contra el crimen.
Dos años después de estar
encerrados y afectados en su vida económica y familiar, además de
estigmatizados y dañados en su honor, la fiscal del caso pide el sobreseimiento
del mismo al no existir pruebas que los incriminen.
Lo peor de este caso, es que ante
la exigencia de la población, principalmente de El Alto, de dar con los
asesinos, la misma policía organizó un linchamiento contra Yupanqui y Mamani
(las denuncias son conocidas y existe un vídeo), azuzó a una turba de gente
para saquear y quemar la casa en la que habitaban.
El 19 de abril de 2013, con
medidas excepcionales el ministro de Gobierno, Carlos Romero, presentó, en
tiempo record, al asesino de Honorio Rodríguez Mejía, el brasileño Adao Nilson
Souza Silva. Dos días después se conoció que Souza Silva fue tomado como chivo
expiatorio y aprehendido por ser un expresidiario.
El súbdito brasileño denunció públicamente
a Romero cuando fue presentado. El abogado de Souza Silva, en declaraciones a
Erbol, reveló que su defendido fue llevado a un lugar apartado en Santa Cruz
ante el ministro Romero quien le planteó que se autoinculpe para cerrar el
caso. Este extremo nunca fue desmentido por Romero.
Lamentablemente los casos siguen
sumando. El 31 mayo de 2012, la policía detiene a un grupo de activistas
vegetarianos y anarquistas que participaron en la defensa del TIPNIS: Henry
Zegarrundo, Marcia Mancilla, Víctor Hugo Gironda y Renato Vincenti.
Otra vez Romero, junto a su
viceministro Jorge Pérez, los presentaron y acusaron sin remordimientos,
sabiendo que no eran ciertos los cargos, como “presuntos” miembros de una banda
anarquista que recibía financiación desde Chile y que se adjudicó ataques con
explosivos caseros contra cajeros automáticos de bancos y edificios del
Gobierno y empresas privadas. Para dar mayor impacto a su presentación, como ya
es costumbre, el gobierno usó efectivos policiales armados hasta los dientes
para que no quepan dudas a la población que se trata de los autores.
A más de dos años de esa
presentación, que desde ya constituye un abuso y violación de los derechos
humanos, tampoco la fiscalía recabó las pruebas “irrefutables” que hacen a los
presentados como los responsables. Muchos de ellos tuvieron que pasar meses en
la cárcel y luego puestos en detención domiciliaria sin resguardo, señal de que
la tal peligrosidad mencionada por Romero no existe.
Este caso, que ocurrió el 28 de
agosto de 2012, es el colmo de lo mediatizado que está el gobierno con el fin
de presentar éxitos. El ministro de Gobierno anunció la incautación de dos
toneladas de Uranio en pleno centro de la ciudad. Tal cantidad de material
radiactivo era una gran oportunidad para dar a conocer a los medios y una vez
más mostrar los éxitos de la lucha contra una posible banda internacional
terrorista. Las autoridades de gobierno ya no tienen ni miedo a hacer el
ridículo.
El gobierno aprehendió a dos
ingenieros, dueños de la carga. Una vez analizado el mineral en bruto se
comprobó que se trataba de microscópicas cantidades de Tantalita (los datos son
oficiales). En conclusión, sólo era dos toneladas de roca.
En este tipo de actos, los
grandes aliados del gobierno siguen siendo los medios de comunicación que por
sentido acrítico muchas veces sólo transcriben la versión policial.
Estos son sólo algunos casos ilustrativos que al ser mediatizados se
puede saber cómo avanzan y en qué terminan. Cuántos casos como estos más
existirán a pequeña escala, donde muchas veces la sociedad y los medios de
comunicación prefieren ser indiferentes y dar el beneficio de la duda al
Ministerio de Gobierno y la Policía, instituciones que de manera criminal e
irresponsable disponen de la vida de las personas bajo un evidente abuso de
autoridad y prepotencia. Todo lo expuesto aquí, es una minúscula muestra que
desvela la vocación violatoria de los derechos fundamentales del actual gobierno.
Fuente:
http://semanarioaqui.com/index.php/opinion1/2757-el-gobierno-el-show-mediatico-y-la-vulneracion-de-los-derechos-humanos
http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2014061301
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