Se torna realmente lamentable que no se cuantifique la cantidad real de niños trabajadores, así como se menciona en el siguiente artículo publicado pro Página Siete. Es urgente atender esta situación con políticas estructurales que contribuyan a favorecer el bienestar de las niñas y niños en nuestro país.

Página Siete /  La Paz 

Luis Fernández Fagalde, exministro de Trabajo

“En Bolivia se invisibiliza el drama del trabajo infantil”

Fernández dice que Bolivia no conduce adecuadamente el debate sobre el trabajo infantil.

Domingo, 23 de marzo de 2014

Fotos Luis Salazar / Página Siete. Juan Carlos Salazar, director de Página Siete; LuisFernández, Isabel Mercado y Rodolfo Eróstegui.

La Asamblea Legislativa tiene pendiente la discusión y la adopción de determinaciones sobre una temática que ha causado polémica dentro y fuera del país: la legislación del trabajo infantil en Bolivia. El proyecto oficial -que es parte del nuevo Código Niña, Niño, Adolescente- prohíbe el trabajo infantil a partir de los 14 años; sin embargo, la propuesta tuvo que ser aplazada luego de que fue resistida por grupos de niños y adolescentes que rechazaron la norma y exigen su derecho a trabajar.

Página Siete conversó con Luis Fernández Fagalde, exministro de Trabajo (2003-2005), expresidente de la Comisión de Política Social de la Cámara de Diputados (1993-1997) y experto en temas laborales. Fernández defiende que se busque una solución intermedia, que comulgue la propuesta de los niños trabajadores -que piden que no se disminuya la edad para trabajar-, sin vulnerar los convenios que el país ha ratificado en el contexto internacional, pero que a largo plazo se impulse una erradicación del trabajo infantil.   

 ¿Cuál es su diagnóstico sobre la problemática del trabajo infantil en Bolivia?
Luis Fernández.- Lo primero que hay que precisar es el número de niños y niñas involucrados en el mercado de trabajo. En términos generales se maneja la cifra de 800 mil, que incluye a trabajadores adolescentes.
Hay muchas instituciones que están manejando esta cifra. Sin embargo, los datos del INE establecen una cifra muchísimo más modesta y señalan que son 313.529 niños, niñas y adolescentes trabajando. Ese dato emerge del censo de  2001, que puede ser una referencia demasiado antigua, pero tampoco podemos pensar que la variación sea sustancial en la relación con   2013. Entonces, creo que hay una tarea básica, que es hacer un esfuerzo nacional por identificar de manera oficial la cifra exacta de niños y niñas que están en el mercado de trabajo, separando de la de trabajadores adolescentes porque el trabajador adolescente tiene un régimen jurídico diferente. Lamentablemente, no hay datos del censo del año pasado porque no fue parte de las preguntas. Los adolescentes trabajadores que están entre los 14 y 18 años son alrededor de 116 mil;   64.000 son varones y 52.000 son mujeres. Estos datos estadísticos son relativamente antiguos, pero son los más confiables...

Bolivia ha sido mencionada como uno de los países donde se realizan las peores formas de trabajo infantil. ¿En qué condiciones trabaja esa población?
Existe la prohibición de trabajo para todos los menores de 14 años. Es necesario mencionar dos referencias que tienen que ver con el tema estrictamente jurídico. Por un lado, está la normativa internacional básica, los convenios de la OIT (138), que establecen la edad mínima para trabajar en los 15 años; países en vías de desarrollo y con condiciones precarias en la educación pueden bajar un año. Ateniéndonos a esa excepción, nosotros hemos bajado la edad de 15 a 14 años.  Sin embargo, el convenio 138 ha sido ratificado por nuestro país en 1997. Además, está el convenio 82, que establece las peores formas de trabajo infantil y que también hemos ratificado en 2013. Pero más  allá de ello, como marco referencial, está la Convención de los Derechos del Niño de 1989. Nuestro país la ha ratificado en 1990. Esta convención tiene dos aspectos fundamentales de carácter proteccionista: que el niño ya no es objeto de derecho sino sujeto de derecho, lo que le otorga la capacidad de obrar y ejercer derechos ciudadanos vinculados al privilegio de la educación, salud, libertad, opinión, etcétera. Pero además incorpora el principio del interés superior del niño. Esta convención vincula el tema de la protección del niño a los derechos humanos. Y de paso está la legislación nacional que tiene que ver con la Ley General del Trabajo y el Código del Niño(a) y Adolescente. 

En resumen, a partir del ordenamiento jurídico hay que establecer la prohibición del trabajo infantil a partir de los 14 años y, por otro lado, la erradicación progresiva de las peores formas de trabajo infantil que son cuatro: 1) todo tipo de trabajo esclavista y de trabajo forzoso; 2) la utilización de niños (as) en prostitución y producción pornográfica; 3) su participación en la producción y tráfico de estupefacientes; y 4) trabajos que afecten su integridad física y mental. 

Si nos proponemos una estrategia para erradicar paulatinamente el trabajo infantil, deberíamos empezar por eliminar las peores formas de trabajo infantil. También hay que señalar que este problema tiene dos realidades: el mundo rural y el mundo urbano. En el mundo rural es la niña la que está involucrada por tradición cultural en trabajos vinculados a la agropecuaria; el urbano está vinculado básicamente al trabajo de minería, que también tiene una tradición cultural, familiar, que se transmite de generación en generación (el padre trabaja en la actividad minera y utiliza al hijo adolescente como ayudante y al niño como encargado de llevar la alimentación para el padre y el hermano adolescente).

Tomando en cuenta que en Bolivia hay una tradición de participación de los niños desde muy temprana edad en diferentes tareas agropecuarias, domésticas, de cuidado, etcétera, ¿dónde debería dirigirse la reforma que se quiere implementar y cuál es el escenario para debatirla?
En esto me identifico con la preservación de la norma que establece la edad mínima en los 14 años. Yo creo que el debate se lo está planteando de una manera equivocada, porque se está extrapolando posiciones: o se mantiene la norma o se elimina la norma. La sugerencia que nos están planteando es que se modifique la edad mínima. Se habla de bajar de 14 a 12 años, pero está el impedimento de los convenios internacionales de los cuales somos signatarios... Yo creo que es imprescindible que se mantenga la norma.
Que se mantenga la edad mínima…
La edad mínima de los 14 años. Más allá de esta justificación jurídica internacional y nacional también hay una razón de tipo social. Si eliminásemos la referencia de la edad mínima se abre un inmenso boquete que originaría un incontrolable proceso de incorporación de los niños (as) al mercado de trabajo. Desaparecida la norma que pone un límite, se produciría sin duda un rebasamiento en la incorporación de niños al mercado de trabajo, y ahí existiría la doble irresponsabilidad del Estado y de la sociedad. Pero también hay que recordar que hay otros mecanismos institucionales de control, como el Ministerio de Trabajo y la Defensoría Municipal de la Niñez y Adolescencia, que en condiciones muy precarias, insuficientes, poco eficaces, son mecanismo de fiscalización para que se incremente el trabajo infantil. Por otra parte, hay dos referencias que me parecen interesantes. Por un  lado está el Plan Nacional de la Niñez y Adolescencia, que fue elaborado en 2006. Sobre la base de este plan se estableció, en un marco más grande, el Plan Nacional de Desarrollo para Vivir Bien, como se lo denominó en 2007. No se trata de ir a posiciones extrapoladas (o mantenemos la ley de manera intransigente o la modificamos), sino buscar puntos de encuentro. Hay dos propuestas sobre los niños incorporados al mercado de trabajo que me parecen interesantes porque tienen un profundo contenido asistencial; una propone la creación de becas de estudio para que los niños(as) incorporados al ámbito laboral concluyan su formación escolar (se admite que continúen trabajando, pero se prioriza que preserven su formación educativa, porque la erradicación del trabajo infantil no es un tema que se lo va a lograr de inmediato). 

Una segunda propuesta es identificar a las familias para otorgarles bonos de alimentación y salud, y para eso es absolutamente necesario precisar la cantidad de niños(as) involucrados en el mercado de trabajo. Se han creado bonos como el Juancito Pinto para evitar la deserción escolar, la protección de la madre gestante y el niño... ¿Por qué no pensar en el marco de emergencia que esto supone un tratamiento similar con respecto a los niños(as) involucrados en el mercado de trabajo? Estamos yendo en el gasto público a gastos suntuarios, prescindibles;  esos recursos que no son cuantitativamente insignificantes podrían perfectamente solventar planes destinados al trabajo infantil.                                                          

FUENTE:

http://www.paginasiete.bo/nacional/2014/3/23/bolivia-invisibiliza-drama-trabajo-infantil-16945.html