Ante el falso y perverso debate
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El recurso abstracto de inconstitucionalidad
presentado por Patricia Mancilla, diputada del Movimiento Al Socialismo
(MAS), ha reabierto el más viejo de los debates: ¿tenemos las mujeres
capacidad para decidir sobre nuestro cuerpo y tomar decisiones que
afecten nuestra vida? El debate sobre el aborto despierta todas las
pasiones y descubre imposturas discursivas.
Al
margen de las posiciones individuales de tres ministras y un ministro,
lo evidente es que el Presidente y el Vicepresidente ya han cerrado el
debate incluso para el Tribunal Constitucional al declarar al aborto
como un delito con “excepciones”. Y por ello es un debate sin destino.
Despenalizar el aborto es un tema político en sentido amplio, porque no
hay nada más político que la vida, la defensa de los derechos, la
libertad y la autodeterminación en la relación de las ciudadanas y
ciudadanos individual o colectivamente frente al Estado. Como también es
una actitud política dar la cara a los problemas, o acogerse al cálculo
político como lo hace el MAS, y por las declaraciones de algunos
diputados, también Convergencia Nacional (CN).
1. Los
datos de la penalización de aborto: De acuerdo con varias fuentes de
información sistematizadas por la Campaña 28 de Noviembre, en Bolivia se
practican 70.000 abortos por año; 192 por día. Es la tercera causa de
mortalidad materna (235 mujeres fallecen en Bolivia por 100.000 nacidos
vivos). De ese total, 9,1% muere por complicaciones derivadas de aborto
realizado en condiciones de riesgo, según datos extraídos de la Encuesta
Post Censal de Mortalidad Materna de 2002. Datos que sólo son
referenciales para uno de los secretos más difundidos en nuestra
sociedad, porque todas y todos sabemos que un censo no captura la
información real sobre la mortalidad materna y menos todavía las causas.
Para captar estos datos se requiere contar con registros
institucionales hospitalarios serios. Pero mientras estemos en el
terreno de clandestinidad, solamente se presume la información.
¿Qué otros datos podemos esperar cuando en 2010, en Bolivia, el 61% de
las mujeres no usaba métodos anticonceptivos modernos? El 48% tuvo al
menos un embarazo no deseado en su vida. El 13% tuvo al menos un aborto
inducido. Es decir, las mujeres no tienen información ni acceso a
programas de salud sexual y de salud reproductiva.
Frente a ello está un Gobierno que no establece políticas de educación,
información y prevención, y se convierte en parte del problema porque
sus acciones están sustentadas en prejuicios y cálculos políticos y no
en la aplicación de derechos, garantías constitucionales y tratados
internacionales, es el caso del Gobierno del MAS.
En las últimas semanas —como siempre— el debate sobre el aborto ha
dejado de lado dos componentes que hacen a la realidad del problema:
primero, la situación social de las mujeres bolivianas; los datos
vergonzosos de violencia física, sexual, psicológica, trabajos mal
pagados, la mayoría de ellos sin seguro social; hechos cotidianos de
asesinatos por odio de género (feminicidio), trata y tráfico de
personas, prostitución, mortalidad materna en la atención del parto,
entre otros. Y segundo, la responsabilidad masculina: tal parece que las
mujeres en este país se embarazan solas y los hombres no tienen
responsabilidad, ni siquiera cuando se niegan a usar preservativos, o
cuando rechazan su responsabilidad paterna.
En ese
contexto, no podemos dejar de mencionar el cinismo de los poderes
estatal y religioso cuando toman una decisión colectiva sobre un hecho
individual que recae plenamente sobre el cuerpo y la vida y la
responsabilidad de las mujeres; sino veamos cuál es el apoyo que los
gobiernos dan a las mujeres que deciden tener un hijo no deseado o fruto
de violaciones, incesto o chantaje. Es cercano a cero, porque “el deber
ser” que los gobiernos y las iglesias les dictan a las mujeres no tiene
correspondencia con el cuidado efectivo que les dan. Por ejemplo, en
referencia al Estado, una mujer boliviana, ¿qué necesidades puede cubrir
con el Bono Juana Azurduy, con Bs 200 antes del parto y Bs 120 después,
y Bs 1.500 en los dos primeros años del hijo o hija, y sin ningún otro
apoyo en el cuidado?
2. El contexto jurídico y la
administración de justicia de la penalización: El artículo 66 de la
Constitución Política del Estado reconoce explícitamente los derechos
sexuales y los derechos reproductivos; en correspondencia a los
principios y normas de acuerdos internacionales y regionales que
garantizan igualdad, equidad y no discriminación a las mujeres de todas
las edades. El Código Penal establece las circunstancias en que el
aborto es impune: sea consecuencia de una violación, rapto no seguido de
matrimonio, estupro o incesto o, cuando la vida o la salud de la madre
están en peligro.
Sin embargo, en estos casos
concretos ni el Órgano Judicial ni el sistema de salud han asumido con
responsabilidad medidas destinadas a hacer cumplir los mandatos del
Código Penal, y miles de mujeres bolivianas, especialmente menores de
edad con embarazos producto de violaciones, incestos o a muy corta edad,
y mayoritariamente pobres, se han visto forzadas a ser madres; por
tanto, la penalización en todos los casos está vigente de hecho en el
país.
Ante el falso y perverso debate sobre quién
tiene derecho a quitar la vida o cuándo empieza la vida, lo evidente es
que el Código Penal ya jerarquiza el valor de la vida, es decir, para el
asesinato dicta una pena de hasta 30 años de cárcel; para el aborto
(con agravantes), entre tres y ocho años y para el infanticidio, hasta
tres.
En suma, despenalizar el aborto es prevenir
abortos, sacar a las mujeres del abuso de la clandestinidad,
comprometerse por la reducción drástica de la mortalidad materna e
invertir en el cuidado y respeto en la salud sexual y la salud
reproductiva de mujeres con corresponsabilidad de los hombres. Saber
que la despenalización no obliga a ninguna mujer a someterse a un aborto
ante cualquier circunstancia y, por el contrario, que debe garantizar
la protección del Estado y la sociedad.
Finalmente,
las mujeres somos capaces de decidir sobre nuestro cuerpo y ser
responsables de nuestros actos; respetar este dato de la realidad, sin
lugar a dudas, exige una verdadera revolución intelectual y moral.
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